A pesar de que el convenio en cuestión fue aprobado de acuerdo a la Resolución n° 8463 del 22 de diciembre y de que todos los fondos fueron transferidos, el proyecto no ha mostrado avances significativos. Como respuesta, la Gobernación Regional decidió dar por terminados los contratos, basándose en una querella presentada por el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), según informó el diario La Tercera.
Urbanismo Social ha proporcionado pruebas al Ministerio Público y la Contraloría que sugieren que las autoridades del Gobierno Regional son responsables del estancamiento del programa. Documentos presentados ante estas entidades señalan que se les negó repetidamente la información necesaria para iniciar las intervenciones en los barrios, y que nunca se les indicó las zonas específicas en las que debían brindar servicios.
De acuerdo con Urbanismo Social, la directora ejecutiva Camila Ramírez se comunicó con Jorge Fajardo, jefe de la División de Planificación Regional, en enero de 2023, solicitando información sobre los cinco barrios a intervenir. En respuesta, Fajardo indicó que antes de proporcionar esta información, la fundación debía contratar a personas de confianza de la gobernación, particularmente de la gobernadora Cristina Bravo, para formar el equipo que ejecutaría el programa, según informó La Tercera.
Según lo informado, Mario Ramírez, jefe de la División de Fomento e Industria, les indicó que debían contratar a un total de seis profesionales, y se les recordó que esta contratación sería un requisito previo para recibir información sobre los cinco barrios a intervenir.
Ante esta situación, la fundación informó a la administración el 16 de mayo que no podían contratar a un concejal en ejercicio y explicaron esta decisión en una carta dirigida a la gobernadora. Sin embargo, no recibieron una respuesta, lo que los llevó a enviar otra carta el 30 de junio solicitando detalles sobre los barrios en cuestión.
El 30 de junio, cuando el caso de los controvertidos convenios millonarios ya había estallado, la fundación afirmó haber recibido un correo de Leandra Urzúa, administradora regional del Maule, solicitando la rescisión o mutuo acuerdo del convenio. Esto llevó a que la directora pidiera el 6 de julio una explicación para el término del acuerdo, aunque no obtuvo respuestas. Posteriormente, Eduardo Segura, coordinador jurídico del Gobierno Regional, respondió a uno de los mensajes negando tener conocimiento de las contrataciones solicitadas.
Consultados sobre esta situación, representantes de Urbanismo Social aseguraron que siempre han mantenido un compromiso con la integridad y la transparencia en sus políticas, y señalaron que fueron ellos mismos quienes alertaron sobre esta situación, que al menos aparentaba ser irregular en cuanto a la contratación de personal, según informó La Tercera.
Desde su creación, el proceso de selección de profesionales en la fundación ha sido abierto, riguroso y transparente en cualquier convenio suscrito con entidades públicas y privadas, y más aún en un tema de gran importancia para los habitantes del Maule, como un proyecto sobre seguridad comunitaria.
La gobernadora Cristina Bravo afirmó que jamás se discutió la contratación de personal con Urbanismo Social, y que la única comunicación con ellos se realizó a través de la ley de lobby, donde la fundación hizo una presentación de su trabajo y áreas de enfoque.
En su defensa, Bravo aclaró que todas las iniciativas aprobadas por el Gobierno Regional del Maule contienen información detallada sobre los beneficiarios, objetivos, metodología y comunas a intervenir.
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