Los cargos presentados ante el TER se centran en diversas faltas, destacando la ausencia de control jerárquico y supervisión en acciones relacionadas con bienes nacionales de uso público, especialmente la extracción ilegal de áridos por parte de una empresa local. Esta actividad, no supervisada por el municipio ni sus respectivos departamentos, habría causado daños medioambientales, sociales y económicos valuados en más de 4 mil millones de pesos.
Adicionalmente, los concejales cuestionan la incapacidad reiterada para justificar el uso, destino o inversión de más de 4.600 millones de pesos asignados al municipio por diversas subvenciones. Asimismo, señalan la transferencia de casi 200 millones de pesos a la corporación deportiva municipal, la cual, según alegan, podría tener deficiencias en su constitución.
Otro aspecto crucial de la denuncia es la supuesta concesión de beneficios en servicios, equipamiento y personal de salud a una fundación, cuya presidenta es la cónyuge del alcalde, la vicepresidenta su hija y la secretaria su hermana.
En un comunicado dirigido a la comunidad, los concejales expresaron su deber como fiscalizadores y la responsabilidad de denunciar estas irregularidades en aras de la transparencia y la probidad en la gestión municipal. Ahora, el destino de esta solicitud de destitución queda en manos del Tribunal Electoral Regional.
CVZ-RTL
