El Ministerio de Justicia ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que inicie un procedimiento legal para disolver la Fundación Democracia Viva. La razón detrás de esta solicitud son las graves infracciones a las normas estatutarias y al marco legal que regula a estas entidades.
Esta resolución se produce después de un proceso de fiscalización que se inició el 22 de junio pasado, en respuesta a denuncias de posibles irregularidades en los acuerdos celebrados entre la fundación privada y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo en la región de Antofagasta.
Durante la investigación, se recopilaron pruebas de diversas fuentes, incluyendo el Servicio de Registro Civil e Identificación, la municipalidad de Ñuñoa y la propia Fundación Democracia Viva. Estas pruebas revelaron violaciones a las normas estatutarias y legales cometidas por el directorio de la Fundación, lo que ha llevado al Gobierno a considerar necesario poner fin a sus actividades y disolver su personalidad jurídica.
Además de las irregularidades mencionadas, se encontraron deficiencias en los estatutos de la fundación, en el cumplimiento de su objeto social y en la administración de su patrimonio fundacional en relación con el Código Civil. Asimismo, se detectaron problemas en los convenios celebrados con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta.
En particular, desde el Gobierno se argumenta que el incumplimiento de sus estatutos, su objeto y su patrimonio social ha desvirtuado los propósitos originales de la fundación, llevándola a perseguir objetivos diferentes a los establecidos en su estatuto y ajenos a las organizaciones sin fines de lucro.
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