Hasta este momento, no se habían registrado denuncias de jueces enfrentando este tipo de intimidaciones en investigaciones relacionadas con el narcotráfico o el crimen organizado. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando un magistrado del 7º Juzgado de Garantía de Santiago presentó formalmente una denuncia.
La Policía de Investigaciones (PDI) ha iniciado contactos con jueces de garantía para implementar medidas de protección en su favor en respuesta a estas amenazas. La Fiscalía Metropolitana Sur ha asumido la responsabilidad de llevar adelante la investigación.
La alarma se disparó durante una audiencia en la que un magistrado del 7º Juzgado de Garantía de Santiago informó sobre la obtención de información que indicaba la planificación de un posible asesinato por encargo contra uno de los jueces. Según informantes del caso, esta información se basa en escuchas telefónicas realizadas dentro del centro penitenciario Santiago Uno, que sugieren la preparación de un atentado.
Estos desarrollos se enmarcan en la investigación denominada inicialmente “Operación Apocalipsis”, la cual ha sido renombrada como “Operación Caracas” debido a su enfoque en secuestros realizados por imputados venezolanos vinculados al Tren de Aragua. El fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, supervisará esta nueva línea de investigación en el caso.
El magistrado a cargo de la denuncia ha decidido tomar medidas preventivas, y la PDI ha comenzado a revisar las rutinas diarias de los jueces, tanto en sus desplazamientos a sus hogares como al Centro de Justicia. Se están evaluando posibles vulnerabilidades que podrían poner en peligro a los jueces, y se ofreció fotografiar estacionamientos, edificios y casas con este propósito.
Además, se ha organizado una reunión entre los magistrados y la fiscalía para analizar la investigación y los riesgos potenciales. En esta reunión participará la Unidad de Víctimas y Testigos (Uravit), la cual tiene la autoridad para ordenar medidas de protección en beneficio de los afectados.
Aunque los magistrados han experimentado amenazas y hostigamientos en el desempeño de sus funciones, la preocupación actual radica en las conexiones de los imputados con la organización criminal internacional Tren de Aragua, cuyas comunicaciones han sido interceptadas. Esta preocupación motivó la presentación formal de la denuncia por parte de un juez del juzgado de garantía. Incluso se está considerando la posibilidad de llevar a cabo casos de alta complejidad a través de videoconferencias, especialmente ahora que se ha restablecido la presencialidad en las audiencias judiciales.
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