En el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, la PDI notificó a la fiscal Giovanna Herrera, quien contactó a la defensa legal de Jadue, Ramón Sepúlveda. La fiscal advirtió que emitiría una orden de detención si se confirmaba el viaje, debido a las sospechas de que el alcalde podría buscar asilo en Venezuela. Ante esta situación, Jadue optó por cancelar su viaje.
A través de su cuenta en una red social, Jadue, sujeto a una investigación por múltiples delitos de corrupción, denunció: “Hoy me impidieron salir de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. La fiscal me amenaza con detenerme”.
La formalización del alcalde por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal está programada para el 29 de mayo, en relación con la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Esta investigación se inició tras una denuncia contra la entidad fundada por Jadue, involucrando a un proveedor de mascarillas. Hasta el momento, no se han impuesto medidas cautelares en su contra.
Jadue ha calificado estos acontecimientos como “un atentado a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional”, prometiendo emprender acciones legales contra lo que considera arbitrariedades. La fiscalía anticipa solicitar la prisión preventiva para el alcalde, quien se muestra confiado de cara a la audiencia, argumentando que no hay evidencia de enriquecimiento ilícito y que el caso se centra en la toma de decisiones que podrían haber afectado el patrimonio estatal.
cvz-rtl
