Por tercera vez en menos de dos meses un grupo de consejeros regionales de la región del Maule, acudió nuevamente hasta el edificio institucional de la Contraloría Regional para entregar sumar antecedentes sobre el “Caso Convenios y Fundaciones”, y que corresponden específicamente al informe entregado por la Unidad de Control Interno del Gobierno Regional (Go. Re.), el que da cuenta de en su investigación haber encontrado una serie de anomalías como por ejemplo la falta de rendición de gastos por parte de algunas organizaciones que recibieron traspasos de fondos públicos.
“Hace dos meses iniciamos una serie de solicitudes ante el órgano contralor regional del Maule, como también en la unidad de control interno del Gobierno Regional, que fue básicamente solicitar información tras sospechas de que pudieran existir situaciones irregulares al interior, en torno a convenios suscritos con fundaciones. Después de varias semanas, la unidad interna de control del Gobierno Regional ha hecho entrega de un memorándum a este Consejo Regional, donde se ve que las sospechas que manteníamos, finalmente se confirman, de que eventualmente hay irregularidades dentro del Gobierno Regional entre los convenios suscritos con fundaciones”, señaló un consejero regional en un periódico de circulación dentro de la región del Maule, en representación por lo demás de ocho de sus pares.
El informe entregado por la Unidad de Control del Gobierno Regional, dice que desde el 2.021 en adelante, de 21 convenios de transferencias con 18 fundaciones, para el financiamiento de 21 iniciativas aprobadas por un total de $4.530.032.982, (hay fundaciones que recibieron recursos para más de una iniciativa) donde de los 21 proyectos, se indica que 2 fueron aprobados por el Consejo Regional y los 19 restantes, autorizados directamente por la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, quien además es presidenta del Consejo Regional (CORE). También se señala que, de los 21 convenios suscritos, el realizado con la fundación “Huella Local”, fue anulado antes de transferir los recursos aprobados y en el caso de la Fundación “Curicó en Acción”, esta institución está pidiendo lo mismo.
Además, a cuatro fundaciones –“Semilla”; “Urbanismo Social”, “Curicó en Acción” e “Innova”- se les autorizó el traspaso total de los recursos aprobados en una sola cuota, a pesar de que las iniciativas tenían un tiempo de ejecución del proyecto (en años o meses), lo que no se ajusta a la programación financiera presentada.
Los concejeros representados por Ojeda reclaman falta de rigor en las exigencias para hacer entrega de recursos públicos y pasividad de la máxima autoridad regional para perseguir a los responsables del desprolijo trabajo que finalmente perjudica a la ciudadanía.
En el informe, incluso se alude al alcalde curicano Javier Muñoz, por su participación como firmante de garantía para lograr la obtención de recursos para una fundación local, a la cual no pertenece y que no contaba con cuenta corriente al momento de postular, adjudicándose el proyecto que finalmente no se llegó a ejecutar.
Estos, entre otros varios antecedentes a considerar son los que presentó el grupo de concejeros regionales a Contraloría regional, que continúa con su investigación, sumando una nueva carpeta que dará mayor sustento a su análisis de sanciones, toda vez que los hechos se comprueben más allá de toda duda razonable y se determinen las responsabilidades.
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