La expulsión de las personas se llevó a cabo tras una orden judicial emitida por el Segundo Juzgado Civil de la ciudad, quien ordenó desalojar aquel edificio que se encontraba subarrendado.
Lo anterior tras una demanda interpuesta en enero de 2020 por una empresa de ciudadanos chinos, donde se aseguró que desde el inicio del contrato, en abril de 2018, “la subarrendataria no pagó ninguna de las rentas pactadas, encontrándose en mora desde el primer mes de arriendo”, dice la acción judicial.
La situación generó molestia en el administrador del edificio, quien afirmó que todo estaba mediado por un contrato -el cual mostró-, y explicó que este juicio se arrastraba por una deuda que se generó durante el denominado estallido social.
Información del Poder Judicial sostiene que en febrero de 2020 las partes habían llegado a un avenimiento, acordando el demandado entregar el inmueble en marzo del mismo año.
Sin embargo, aquello no se concretó, por lo que en diciembre se resolvió el desalojo que debido a la contingencia sanitaria fue retrasado hasta esta jornada.
Por su parte, Juan Barrera, representante legal de la subarrendadora y administrador de las piezas, aseguró que se había llegado a un acuerdo extrajudicial con el arrendatario, pero que no fue respetado, provocando así toda esta situación.
