Un mes después del fallido intento de adquirir la casa del expresidente Salvador Allende en Providencia, el Gobierno concretó la transferencia de más de $750 millones a fundaciones ligadas a su figura, en el marco de proyectos culturales aprobados para 2024.
Según reveló Ex-Ante, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) —dependiente del Ministerio de las Culturas— firmó el 4 de febrero la resolución que oficializa la entrega de $660 millones a la Fundación Arte y Solidaridad, entidad que administra el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA), y otros $98 millones a la Fundación Salvador Allende.
Destino de los fondos
Los recursos están destinados a diversas iniciativas culturales, como la conservación, restauración y registro de obras del museo, además del desarrollo de exposiciones, programas educativos y actividades de pensamiento y debate. También se contempla la mejora de la infraestructura física y digital del MSSA y la sistematización de su archivo histórico.
Del total entregado a Arte y Solidaridad, el 75% (aproximadamente $495 millones) será destinado a gastos en personal, lo que cubre el salario de 28 funcionarios. Otros $161 millones se asignan a bienes y servicios, y $2,7 millones a activos no financieros. El convenio establece la obligación de ejecutar todas las actividades comprometidas, permitiendo solo modificaciones de hasta un 10% con autorización previa del Serpat.
El financiamiento fue aprobado por el Congreso en el presupuesto 2024, con 62 votos a favor, 38 en contra y 4 abstenciones.
Directorio con presencia del Gobierno y de la fundación
La Fundación Arte y Solidaridad está dirigida por un directorio mixto, compuesto por representantes del Gobierno y de la Fundación Salvador Allende. Entre ellos figura el exministro Ricardo Solari, quien preside el organismo, y el arquitecto Genaro Cuadros, actualmente imputado en la causa penal por la fallida compra del inmueble en Providencia.
El acuerdo prohíbe el pago de honorarios a funcionarios públicos y establece un tope de 138 UF brutas mensuales (unos $5,3 millones) para los sueldos. Además, obliga a restituir los recursos no ejecutados o rendidos antes del término del año.
Contexto de controversia
Desde el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric, estas dos fundaciones han recibido más de $750 millones en financiamiento público, lo que ha generado cuestionamientos sobre el vínculo entre el Ejecutivo y entidades privadas en medio de un clima de creciente escrutinio por el uso de fondos fiscales.
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