Finalmente, este martes el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció sobre los requerimientos presentados por senadores de oposición el 16 de enero para impugnar los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric al exfrentista Jorge Mateluna y otros seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social.
Fue así, que a las 16.00 horas el TC dio a conocer que rechazó la impugnación a los siete indultos.
El relator del TC, José Francisco Leyton, entregó el veredicto. “Con esta fecha el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por su presidenta, la ministra Nancy Yáñez, los ministros Cristián Letelier, Nelson Pozo, José Ignacio Vásquez, Miguel Ángel Fernández, Rodrigo Pica, las ministras María Pía Silva y Daniela Marzi, resolvió rechazar los requerimientos de inconstitucionalidad deducidos por un grupo de honorables senadoras y senadores de la República, en relación a decretos supremos que concedieron indultos particulares”.
En concreto, sobre los indultos particulares concedidos a Bastián Campos, Claudio Romero, Felipe Santana y Brandon Rojas, estuvieron por rechazar los requerimientos la presidenta Nancy Yáñez, y los ministros Nelson Pozo, María Pía Silva, Miguel Ángel Fernández, Rodrigo Pica y Daniela Marzi. Mientras que quienes acogieron las impugnaciones estuvieron los ministros Cristián Letelier y José Ignacio Vásquez.
Respecto a los indultos concedidos a Jorge Mateluna, Luis Castillo y Jordano Santander, rechazaron Yáñez, Pozo, Silva, Pica y Marzi. Quienes acogieron fueron Letelier, Vásquez y Fernández.
La sesión estaba prevista para las 09.30 horas de este martes, sin embargo, debió retrasarse luego de que el ministro José Ignacio Vásquez anunciara que no votaría los requerimientos por su molestia al enterarse un día antes de la decisión de la presidenta Nancy Yáñez de mover la tabla y adelantar la deliberación.
Pero tras una acalorada y tensa discusión, se logró llegar a un consenso y el ministro Vásquez fue convencido de participar en la sesión extraordinaria a las 13:30 horas. Esto porque sin su voto no se lograba el quórum necesario para realizar la deliberación.
Si bien el pasado jueves se desarrollaron los alegatos, no hubo veredicto puesto que para los ministros del TC, los argumentos expuestos no fueron suficientes, por lo que le solicitaron más antecedentes al Ministerio de Justicia para deliberar sobre el fondo de la causa.
Y tras la premura con la que actuó el gobierno en remitir los nuevos antecedentes al tribunal, fue que se adelantó la votación prevista para el jueves 23 a este martes.
Previo al fallo del TC, las versiones contrapuestas sobre los indultos entre el subsecretario del interior Manuel Monsalve y la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, volvieron a complicar a La Moneda.
Los cuestionamientos surgieron luego de que Monsalve revelara que Boric estaba en conocimiento de los antecedentes penales previos que mantenían algunos de los condenados por delitos cometidos durante el estallido social que fueron indultados a fines del año pasado. Información que también fue confirmada por el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Sin embargo, el pasado 9 de enero la vocera reconoció que si el “Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”, esto porque “no se cumplió” con uno de los criterios para el otorgamiento del beneficio: el de excluir a personas que tuvieran “antecedentes complejos” previo al estallido.
El requerimiento fue interpuesto por los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, ambos Demócratas; por parte la UDI lleva la rúbrica de Javier Macaya -timonel del partido-, Luz Ebensperger, Juan Antonio Coloma, Iván Moreira y José Miguel Durana; por RN, el timonel Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea y Rafael Prohens; mientras que de Evópoli firman el documento Luciano Cruz-Coke, Felipe Kast y Sebastián Keitel.
Uno de los principales argumentos que sostenía el recurso suscrito por la oposición y Demócratas fue la presunta “desviación de poder” que implicaría el indulto concedido a Jorge Mateluna, pues para quienes firmaron el documento era “una verdadera revisión de sentencias judiciales”.