Inicialmente, el Ejecutivo presentó la propuesta con el propósito de proteger el derecho a la manifestación y aislar a aquellos individuos que emplean esta actividad para llevar a cabo actos violentos. No obstante, durante su tramitación, el proyecto experimentó modificaciones que lo elevaron de una falta penal, con sanciones económicas, a un delito con penas de prisión.
La Ministra del Interior, Carolina Tohá, argumentó que el debate en torno al proyecto se volvió “extremo”. Según el Gobierno, dado que el combustible no está sujeto a restricciones de circulación como las armas, consideran más apropiado sancionarlo como una falta penal. En este contexto, la secretaria de Estado instó a rechazar el proyecto y continuar su discusión en una comisión mixta. Sin embargo, diversos partidos políticos, incluyendo la Democracia Cristiana, Demócratas, el Partido de la Gente, Chile Vamos y el Partido Republicano, respaldaron la propuesta. Además, algunos diputados se abstuvieron en la votación. Entre ellos se encuentran Marta González (IND-PPD), Raúl Leiva (PS), Jaime Naranjo (PS), Patricio Rosas (IND-FA) y Consuelo Veloso (IND-FA).
Ahora, el Ejecutivo tiene varias opciones, entre las que se incluyen la promulgación de la ley tal como fue aprobada por la Cámara, llevarla al Tribunal Constitucional o presentar un veto, siguiendo la misma línea que en el caso de la ley de usurpaciones.
