El Poder Judicial suspendió de sus funciones a la jueza Irene Rodríguez, del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, por su responsabilidad en la liberación de Alberto Mejía Hernández, sicario vinculado al crimen organizado.
La decisión fue adoptada este viernes por la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, quien lidera el sumario disciplinario iniciado el pasado 15 de julio. Además, se ordenó la suspensión de una funcionaria judicial, cuyo nombre y cargo aún no han sido informados.
Una cadena de errores
La liberación de Mejía se produjo tras una serie de irregularidades. El imputado se identificó como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, nombre que no pudo ser verificado inicialmente. Más tarde se confirmó su verdadera identidad: Alberto Carlos Mejía Hernández.
El primer oficio enviado por el 8° Juzgado de Garantía a Gendarmería contenía un supuesto error de tipeo en su nombre. Luego se enviaron otros dos documentos: uno revocando la prisión preventiva y ordenando su libertad, y otro corrigiendo el nombre y solicitando nuevamente su ingreso. Pese a contar con este último, Gendarmería ejecutó la orden de libertad.
Tras salir en libertad, Mejía pagó más de 2,5 millones de pesos para viajar desde Estación Central a Iquique y luego salir del país rumbo a Perú. Actualmente, se encuentra prófugo, y la Interpol emitió una alerta roja para su captura.
