Este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización de una mujer de iniciales J.A.C.T. por su presunta responsabilidad en el parricidio de su hijo de siete años, a quien trasladó hasta el Cesfam de Punitaqui, luego de que -según Carabineros- lo golpeara y el menor comenzara a convulsionar.
En la audiencia, el fiscal Carlos Jiménez expuso que la mujer se encontraba con sus dos hijos, de siete y cinco años, en su vivienda ubicada en Calle El Estero, en el sector Cancha de Higuerita, y sin motivo alguno comenzó a agredir al mayor de los niños.
«Comenzó a agredirlo con múltiples y fuertes golpes, que le dio utilizando elementos contundentes tales como cinturones, una cuchara de madera, golpes de pies y manos en distintas partes del cuerpo«, detalló el persecutor.
Esta golpiza provocó «múltiples hematomas, equimosis, escoriaciones en casi todo su cuerpo; erosiones en la región facial, múltiples equimosis y erosiones en región cervical y toráxica; múltiples equimosis en el abdomen, brazos, piernas y glúteos», relató.
«Fueron lesiones que, atendida la cantidad, le provocaron la muerte al menor M.A.C.C. por edema pulmonar traumático por politraumatismo antes de recibir atención médica», detalló el fiscal de Ovalle.
Estos sucesos configuran, en opinión del Ministerio Público, un delito de parricidio en contexto de violencia intrafamiliar. La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, por considerar que la libertad de la mujer es un peligro para la sociedad.
DATA DE MUERTE DE UNA O DOS HORAS
Patricia Muñoz, defensora de la Niñez y querellante en este caso, adhirió a la solicitud de prisión preventiva no sólo por considerarla un peligro para la sociedad, sino que también para su otro hijo.
Muñoz se detuvo en el relato de una de las doctoras que realizó maniobras de reanimación por casi treinta minutos a M.A.C.C. Señaló que el niño «venía muy frio, con livideces y rigidez en zonas declives, razón por la que ella presume que la muerte del niño tenía una data de una a dos horas«.
DEFENSA: «NADIE PUEDE DESCONOCER LA GRAVEDAD DEL HECHO»
Robin Valenzuela, defensor de J.A.C.T., no se opuso a la medida cautelar de prisión preventiva solicitada.
«Nadie puede desconocer la gravedad del hecho. Tuve la posibilidad de conversar con mi representada y ella está en condiciones sicológicas muy devastadas. Ha sido muy difícil nuestra comunicación», explicó Valenzuela.
«Esta defensa entiende que la factibilidad de crear pruebas conforme a lo que en el futuro estime pertinente realizar, necesariamente va a necesitar de un tiempo prudente. (Por ende) no vamos a hacer cuestionamiento a la solicitud procesal. Creemos que será necesario conversar detalladamente con mi representada», añadió Valenzuela.
TRASLADO POR AMENAZAS DE MUERTE
En la audiencia de formalización, Gendarmería solicitó que la imputada sea trasladada desde el Centro de Detención Preventiva de Ovalle al Complejo Penitenciario de Huachalalume, en La Serena.
Jessica Vargas, abogada de Gendarmería, indicó que esta petición se debe a que J.A.C.T. ha recibido amenazas de muerte por parte de otras internas de la cárcel limarina.
«Cuento con un manuscrito escrito por ella, en el que relata el maltrato verbal y amenazas de muerte que ha recibido en dos ocasiones desde que ingresó. Ella se encuentra en cuarentena preventiva por el ingreso reciente a la unidad penal», explicó Vargas.
«Hay un solo patio en el cual están condenadas e imputadas en el CDP de Ovalle, por lo cual existen cero posibilidades de segregación y de clasificación. Por tanto, solicitamos el traslado de la interna al Complejo Penitenciario de La Serena, lugar en el cual tendrá mejores condiciones de segregación», dijo la abogada de Gendarmería.
El juez Darío Díaz acogió la solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva. Además, ordenó el ingreso de la imputada al Centro de Detención Preventiva de Ovalle, donde deberá permanecer en aislamiento en prevención de contagio del Covid-19, y luego ser trasladada al complejo penitenciario Huachalalume de La Serena.
El Juzgado de Ovalle fijó un plazo de investigación de 90 días.
