La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades por más de $1,5 billones en la gestión pública, entre abril de 2024 y marzo de 2025. Así lo revela un reciente informe basado en 792 auditorías realizadas a distintos organismos del Estado.
Entre las principales observaciones figuran pagos sin respaldo, contratos fallidos, uso indebido de fondos y una débil fiscalización. Las instituciones más afectadas son gobiernos regionales, municipalidades, Carabineros y delegaciones presidenciales.
Solo en inconsistencias contables y presupuestarias, las observaciones alcanzan los $359 mil millones. En materia de contratos, las falencias suman $328 mil millones, mientras que en rendiciones de cuentas el monto llega a $316 mil millones. También se identificaron pagos improcedentes, adquisiciones con sobreprecios, cobros no realizados y fondos sin respaldo bancario.
Uno de los focos más críticos son los gobiernos regionales, que concentran observaciones por más de $303 mil millones. Entre las irregularidades detectadas se incluyen proyectos duplicados, rendiciones sin documentación, falta de control y uso de recursos públicos con fines personales o políticos.
En la región del Biobío, por ejemplo, se mantienen sin revisar rendiciones por más de $1.500 millones. En Aysén, más del 60% de los proyectos auditados no había sido ejecutado. Carabineros también presenta observaciones por más de $151 mil millones, entre ellas pagos indebidos, entrega de armamento sin capacitación y ausencia de registros en numerosos procedimientos.
El informe evidencia un problema estructural en los mecanismos de control y rendición del gasto público. La Contraloría advierte que muchas entidades no han iniciado acciones disciplinarias ni han intentado recuperar los fondos observados. En varios casos, las irregularidades ni siquiera han sido reconocidas como deudas, lo que imposibilita su cobro.
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