La Corte de Rotterdam declaró admisible la solicitud del Estado chileno, formulada el pasado 30 de marzo del 2022, “teniendo en cuenta los límites de la competencia del tribunal según lo dictado por el derecho holandés e internacional”, informó el Poder Judicial de esa nación en una nota de prensa.
La decisión final queda ahora en manos del Ministerio de Justicia neerlandés. En una carta adjunta, el tribunal le recomendó que considere “la posibilidad de esperar el resultado del procedimiento de asilo” pedido por la otrora seremi de Salud.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, declaró que el fallo dictado en primera instancia “dio lugar a la extradición de Karen Rojo” y que “todavía proceden recursos en contra de esa resolución, pero por cierto es una decisión que nos tiene muy conformes y esperamos que muy pronto esté en Chile para enfrentar la responsabilidad que conforme a la ley corresponde”.
La defensa tiene 15 días para presentar una apelación y, en caso de ello, un nuevo plazo -indefinido- si es es acogida. De no apelar, la extradición queda en manos del Ministerio de Justicia de ese país.
En cuantoa los pasos a seguir, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, reafirmó que “el tiempo es variable, porque desconocemos si la defensa va a presentar un recurso de apelación a la Corte Suprema de Países Bajos”.
“El plazo de resolución, una vez que sea presentada la apelación, es variable, no podemos anticiparlo por ahora, por lo tanto, esa información debiéramos consultarla al Ministerio de Justicia holandés en su oportunidad”, añadió.
El máximo tribunal chileno confirmó la condena contra Rojo el 23 de marzo del 2022, mismo día que ésta huyó a Países Bajos, aprovechando un momento cuando aún “no presentaba ningún impedimento legal para salir”.
La exalcaldesa cometió el delito entre octubre de 2015 y agosto de 2016 en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta. En el proceso, que comenzó por la denuncia de un grupo de concejales en 2019, se acreditó que Rojo pagó a la agencia “Main Comunicaciones”, del cientista político José Miguel Izquierdo, una asesoría de 24 millones de pesos con miras a su reelección de 2016, pero lo hizo con platas públicas destinadas a subvenciones escolares y a la salud municipal.
El concejal Camilo Kong dijo que el hecho, independiente del “color político” de la autoridad, “tiene que sancionarse con las penas que corresponda” y pidió no “minimizar las situaciones por el monto defraudado”.
“Yo creo que se ha dado mucho por defensas de personas hacia Karen Rojo que es un monto bastante bajo; es un fraude al fisco igual, es defraudar la confianza y recursos que estaban destinados a la salud y educación”, enfatizó el edil.