En el contexto de las investigaciones del Caso Convenios, el ente fiscalizador ha convocado a prestar declaración al Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, su homólogo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y a la líder de la Dipres, Javiera Martínez.
Esto ocurre tras la conclusión de que se establecieron nexos tanto directos como indirectos entre empleados públicos y las fundaciones beneficiarias que recibieron transferencias de fondos estatales.
Recordemos que el pasado mes de julio, el fiscal nacional Ángel Valencia había dejado abierta esta posibilidad. «Es factible que deban comparecer y su calidad será determinada en algún momento», manifestó respecto a Jackson y Montes.
Finalmente, tal como informó La Segunda, esto ha sido ratificado. En lo referente a la implicación de los funcionarios, no se persigue actualmente la noción de «negligencia inexcusable o abandono notorio de deberes», sino más bien se habla de «descuido» en relación con la asignación y uso subsiguiente de los recursos públicos.
Perspectiva Gubernamental en el Caso Convenios tras la Acción de la Fiscalía
Desde el Gobierno, en particular la ministra vocera Camila Vallejo, se refirió a la acción jurídica emprendida por la Fiscalía.
«La justicia tiene un cometido que cumplir para llevar a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos. Siempre se solicita la declaración de varias personas en distintas posiciones», señaló Vallejo.
Añadió que estas indagaciones «se basan en la recopilación de antecedentes, y dentro de esos antecedentes se incluyen declaraciones de diversas personas. Aquellos que están directa o indirectamente involucrados, incluso en calidad de testigos».
Consultada acerca del apoyo a Jackson, Montes y Martínez, la secretaria de Estado respondió que «un asunto no está relacionado con el otro», ya que «son funciones diferentes».
«Una cosa es el respaldo político a las personas que cumplen con sus responsabilidades y no han incurrido en irregularidades. Otra es la labor que realiza la justicia al indagar en los hechos», explicó Vallejo.
En última instancia, la portavoz gubernamental concluyó diciendo que «si la justicia establece la comisión de un posible delito por parte de un funcionario estatal (…), obviamente no quedaremos pasivos ante tal situación».
