En un punto de prensa, flanqueada por concejalas y las diputadas comunistas Karol Cariola y Alejandra Placencia, Hassler reportó que solicitó la renuncia del director jurídico del municipio y del secretario de planificación comunal.
Además, señaló que habrá una ofensiva judicial contra los tasadores considerados para estimar cuánto deberían pagar por las dependencias sanitarias.
Todo esto se da luego que la Contraloría objetara el proceso de compra de la ex clínica por un monto superior a los $8.200 millones, lo que llevó al municipio a no seguir con la adquisición.
La jefa comunal declaró que el municipio contrató a “tres personas expertas” para realizar la tasación, las que fueron cuestionadas por la Contraloría.
“Son ellos los que tienen que hacerse responsables por el servicio que prestaron y que el municipio pagó… Son ellos los que tienen que responder ante la justicia”, dijo.
Por lo mismo, anunció querellas para los tres. Según reveló ella en febrero, se llaman Mylena Cárcamo, Patricio Gajardo y María José Sepúlveda.
Volvió a defender el proyecto
Hassler también expresó que el proyecto de instalar una clínica municipal en el lugar nació por la necesidad de dotar de más infraestructura de salud pública a la comuna. Esto porque en los últimos años se vivió un aumento explosivo de población que ya supera el medio millón de personas.
Junto con ello, contó la situación del Cesfam Padre Orellana, que “es una casa” donde no se pueden efectuar todas las prestaciones para las 37 mil personas que ahí se atienden.
Por eso, propuso al concejo municipal adquirir Sierra Bella para instalar una clínica municipal.
“El concejo municipal contó con todos los antecedentes para tomar una decisión a conciencia pensando en todos los vecinos y vecinas”, expresó, añadiendo que no hubo votos de rechazo. Sin embargo, no mencionó que fueron concejales los que llevaron el proceso a la Contraloría.
La alcaldesa subrayó también que “aquí no se ha gastado ningún peso del municipio”.
