Para el 5 de octubre, a las 9.00 de la mañana, fue fijada la audiencia de formalización de la exministra de Justicia, Javiera Blanco, y otras seis personas, entre ellos, extres generales directores de Carabineros, Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos. A todos se les imputa la malversación de gastos reservados.
La fiscal Centro Norte, Patricia Cerda, imputa a todos el delito de malversación de caudales públicos. En el caso de Blanco, según el requerimiento de la investigadora, se señala que los ilícitos fueron consumados entre el 1 de enero de 2007 y el 11 de marzo de 2011, periodo en que la abogada fue subsecretaria de Carabineros, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.
Entre los antecedentes que se manejan contra Blanco está la declaración del coronel (R) de Carabineros, Enrico Navarrete, quien declaró al Ministerio Público que “el dinero de gastos reservados que se enviaban desde la Dirección de Finanzas a manos de la subsecretaria Javiera Blanco, puedo señalar que llegaban mensualmente. Yo veía el momento en que el capitán Ángelo Estay se los entregaba en las manos a la subsecretaria Javiera Blanco”. En marzo del 2020, el CDE interpuso una querella contra la exministra de Justicia, atribuyéndole la malversación de $ 47, 5 millones.
Además de Blanco, Gordon, González y Villalobos, quienes también serán formalizados serán el exfuncionario de la Dipres, Héctor Zúñiga; el coronel (R) Iván Whiple, y el exjefe de Finanzas de Carabineros, Flavio Echeverría. Este último es uno de los principales protagonistas del fraude en la institución uniformada.
La resolución del tribunal de garantía que fija la audiencia de formalización señala que “se autoriza desde ya la notificación conforme, a lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, previo establecimiento fidedigno de sus presupuestos legales, y en cualquiera de los casos, bajo apercibimiento del artículo 33 del Código Procesal Penal, esto es, en el evento de no comparecer injustificadamente, será conducido por medio de la fuerza pública a la presencia judicial, y quedará obligado al pago de las costas que causare, sin perjuicio de las sanciones que además se pueden imponer. En caso de impedimento, deberá comunicarlo y justificarlo ante el tribunal, con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuere posible. El tribunal podrá ordenar que el imputado que no compareciere injustificadamente sea detenido o sometidos a prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva”.
