Un grupo de 29 pequeños empresarios de Vichuquén, Curepto, Licantén, Linares, Rauco y Maule, junto al diputado Jorge Guzmán, llegó hasta la Delegación Presidencial Regional del Maule para exigir el pago de más de $1.500 millones por los trabajos de emergencia realizados tras las inundaciones de 2023.
Los afectados, quienes ayudaron con habilitación de caminos, remoción de barro y escombros, llevan casi dos años sin recibir su pago, lo que ha puesto a muchos en riesgo de quiebra.
«No queremos más excusas»
El diputado Guzmán calificó la situación como «indignante y vergonzosa», señalando que el gobierno instruyó a los municipios contratar estos servicios con la promesa de financiamiento a través del Ministerio del Interior, lo que no se ha cumplido.
Darwin Zúñiga, proveedor de Vichuquén: “Algunas empresas ya quebraron. Teníamos maquinaria y camiones, ahora algunos han tenido que cambiar de rubro, incluso vender empanadas para sobrevivir”.
Germán Correa, otro afectado: “Llevo más de un año con mis vehículos en panne esperando este dinero. Ya perdí la fe, nos han dado plazos que nunca cumplen”.
Patricio Rivera, alcalde de Vichuquén: “Hemos venido al menos 10 veces a tratar este tema y la respuesta sigue siendo vaga. Ahora nos dicen que regularicemos con trato directo, pero no está la plata”.
Compromiso del gobierno
Tras la reunión, el delegado presidencial regional fijó un plazo hasta el 31 de marzo para que el pago sea realizado. Los proveedores esperan que esta vez el compromiso se cumpla.
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