El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique condenó al ex prefecto de Carabineros de Aysén, coronel Pablo Capetillo Contreras, a 700 días de presidio menor en su grado medio por obstrucción calificada a la investigación. Junto a él, el ex jefe de Fuerzas Especiales, capitán Juan Fuentes Fuentealba, recibió una pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo por el mismo delito.
La sentencia fue dictada la tarde de este martes por el juez Pablo Freire Gavilán. Sin embargo, debido a que ambos cumplían con los requisitos de la Ley 18.216, sus penas fueron sustituidas por la remisión condicional del procedimiento, evitando así el cumplimiento en prisión efectiva.
Ocultamiento de evidencia y detención injustificada
La investigación, liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Aysén, bajo la coordinación del fiscal jefe Luis González Aracena, logró acreditar que los oficiales ocultaron un video que demostraba la inocencia de un estudiante, detenido tras una protesta en Coyhaique en noviembre de 2019.
El joven había sido acusado de agredir a un carabinero, quien sufrió lesiones graves en el rostro y la dentadura, y fue formalizado por maltrato de obra a carabineros, quedando en prisión preventiva. Durante el juicio se comprobó que Capetillo y Fuentes sabían de la existencia del video exculpatorio, pero ordenaron su exclusión de los informes remitidos al Ministerio Público, lo que llevó a la detención injustificada del estudiante.
Además, en sus declaraciones oficiales omitieron cualquier referencia al material que podía probar la inocencia del joven.
Reacciones y contexto
El fiscal Luis González Aracena calificó el hecho como una grave vulneración del deber policial, señalando que «las policías deben aportar información veraz a la Fiscalía, tanto para acreditar la culpabilidad como para establecer la inocencia de un imputado».
«La corrupción pública, al ocultar información, vulnera los principios del Estado de Derecho en una sociedad democrática», agregó.
En el juicio participaron querellantes como el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el propio estudiante afectado, además del fiscal adjunto Jaime Rojas Gatica.
Este caso se enmarca en el contexto del estallido social de 2019, cuando se registraron numerosas protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales en todo el país. La condena sienta un precedente en la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad ante casos de abuso de poder y manipulación de evidencia.
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