El profesional les realizó a las víctimas exámenes para los que no contaba con autorización, instancia en que aprovechó de cometer el delito.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en agosto de 2020, en el consultorio de Quillón, donde el imputado trabajaba, le realizó un examen médico a la víctima mayor de 14 años, procedimiento para el que no contaba con autorización.
En dichas circunstancias, el hombre procedió a realizar actos de relevancia y significación sexual contra la persona afectada, quien se encontraba impedida de oponerse.
El 13 de octubre del 2020 sufrieron la misma situación dos víctimas que concurrieron al centro asistencial, a quienes también les realizó exámenes para los que no contaba con autorización, situación a la que no pudieron oponerse. En el mismo mes, le ocurrió lo mismo a una cuarta persona, que realizaba labores de auxiliar de aseo en el consultorio.
Finalmente, el 15 de octubre del mismo año, el profesional citó una persona, a la que abusó sexualmente mediante el mismo actuar.
La sentencia
El tribunal condenó al enfermero a la pena única de 10 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor de un delito de abuso sexual en contra de mayor de 14 años y cuatro delitos consumados de abuso sexual agravado.
Asimismo, se le aplicaron las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
Además, el tribunal impuso las penas especiales de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.
Una vez que el fallo quedó ejecutoriado, se debió proceder a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.
