El fiscal jefe, Francisco Ávila, detalló que la imputada habría realizado esta apropiación de manera sistemática y que las transferencias no realizadas, junto con el dinero recaudado de los contribuyentes, alcanzan un total de 879 contratos, acumulando así el monto de más de 24 millones de pesos. Dada la magnitud de la malversación, el Ministerio Público ha invocado la figura agravada del delito, lo que resulta en la solicitud de prisión preventiva como medida cautelar.
La investigación, que involucra testimonios de notarios, funcionarios del Registro Civil y otros intervinientes, ha permitido establecer la implicación de la imputada en estos actos de sustracción de fondos públicos. El proceso continuará durante los próximos tres meses, en los cuales se recopilarán pruebas adicionales para esclarecer completamente el caso.
