A cuenta gotas, con el transcurso de los días, se vienen conociendo nuevos antecedentes sobre las “desprolijidades”, como las calificó el Presidente Gabriel Boric, que se cometieron en la cartera de Justicia en el otorgamiento de indultos a presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, que terminaron con la salida de la titular de Justicia, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete del Mandatario, Matías Meza-Lopehadía.
“Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos, y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera”, señaló el sábado 7 de enero el Presidente Gabriel Boric desde el Palacio de La Moneda al inicio de su alocución en la que anunció el ajuste de piezas de su gabinete.
La cadena de errores que motivaron a Chile Vamos a perseverar en la presentación de la acusación en contra de la ahora exministra de Justicia se inició el mismo 30 de diciembre pasado, cuando La Moneda dio a conocer la nómina de los beneficiados con el indulto presidencial que incluía los nombres de Luis Castillo Opazo y de Sebastián Montenegro Coo, quienes inicialmente no iban en la lista de indultados, pues entre otras razones, en el caso de Castillo, quien está condenado a cuatro años de prisión por el asalto a las oficinas del Registro Civil de Copiapó, tenía sentencias judiciales previas al estallido social, por delitos de robo con violencia, hurto, lanzazo y lesiones.
Por el contrario, se había dejado fuera de la nómina a otros dos condenados por delitos vinculados al estallido que sí contaban con los antecedentes para recibir el indulto, lo que obligó a La Moneda a modificar sobre la marcha el comunicado oficial sobre los indultos. A raíz de esta “desprolijidad” renunció la jefa de comunicaciones del Ministerio de Justicia, Alejandra Lazo.
Pero las “desprolijidades” no quedaron ahí.
El Ministerio de Justicia dio a conocer inicialmente el decreto exento 3234 y el 3233 firmado el 30 de diciembre de 2022 por la entonces ministra de Justicia Marcela Ríos, y por el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, en el que se detallaban las razones que justificaban el indulto a Castillo y Montenegro. El resto de los 11 decretos son del 29 de diciembre.
Poco después, sin embargo, la cartera de Justicia subiría al portal de transparencia los mismos decretos, pero esta vez ya no estaba la rúbrica de Gajardo y ambos documentos estaban firmados solo por la ministra Ríos, tal como venían el resto de los 11 decretos del 29 de diciembre.
¿Qué pasó? Un nuevo error del despacho de la ministra, aseguran fuentes de la cartera.
El documento que se presentó primero se trataba sólo de una copia interna, lo que en el ministerio se denomina “transcripción”. Estos documentos siempre son visados con el timbre del ministro de fe del ministerio que es una función que le corresponde al subsecretario Gajardo. Su rol en esto solo se limita a constatar que la transcripción es una copia fiel del original. Ninguno de los otros 11 decretos de indultos otorgados por el gobierno tenía la firma del subsecretario dado que esos eran los decretos originales y no sus transcripciones.
Fuentes de la cartera aseguran que el subsecretario -y actual ministro subrogante a la espera de que la próxima semana asuma formalmente el abogado Luis Cordero- dio la orden de que se rectificara la situación y se bajaran ambas transcripciones, para dejar en su lugar solo los decretos originales firmados por la ministra y así seguir el mismo estándar usado al publicar los otros 11 decretos firmados el 29 de diciembre.
Fuentes de la subsecretaría aseguraron a La Tercera que ninguno de los indultos pasó por el análisis de esa repartición. Ni el subsecretario Gajardo ni la fiscal de la subsecretaría estuvieron involucrados en la revisión de los antecedentes que dieron lugar a los beneficios otorgados por el gobierno.
Lo anterior queda de manifiesto en los mismos decretos dados a conocer -en la esquina superior izquierda justo debajo del logo del ministerio- donde constan las distintas unidades y divisiones del Ministerio que fueron visando los decretos y donde claramente falta la “mosca” o rúbrica de la fiscalía de la Subsecretaría de Justicia, la cual se identifica con las iniciales “MJSS”.