Hace cinco meses el Ministerio del Interior aseguró que tenía respaldados esos correos, pero ahora señalan que los emails no existen. Hay dos versiones: desde Interior acusan que Galli borró sus correos antes de dejar el cargo, mientras que él lo desmiente y señala que las actuales autoridades recibieron conformes el respaldo de su casilla de emails ¿Quién miente?
La Fiscalía investiga la responsabilidad de los altos mandos de Carabineros, y de las autoridades civiles de La Moneda, en la violación a los Derechos Humanos durante la revuelta social que estalló en Chile en octubre de 2019. En ese marco, el pasado 29 de marzo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, le envió un oficio al Ministerio Público señalando que habían logrado rescatar los emails del exsubsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, quien era el encargado de las relaciones con las policías durante 2020, cuando las protestas aún llenaban las calles.
Junto a ese oficio, Monsalve entregó a la Fiscalía un disco duro externo con el supuesto respaldo de los emails.
Esos correos electrónicos son vitales para la indagatoria judicial, porque permitirían establecer si desde el gobierno se hicieron esfuerzos contundentes para frenar los abusos policiales durante la represión de las manifestaciones, la que acumuló miles de personas heridas, incluyendo más de 400 manifestantes con heridas oculares. El problema es que en el gobierno dicen que no hay correos.
CIPER solicitó por Ley de Transparencia el acceso a los emails del ex subsecretario Galli, y aunque inicialmente el Ministerio del Interior se negó a entregarlos, el Consejo Para la Transparencia (CPLT) acogió un amparo presentado por este medio y mandató la entrega de los correos enviados y recibidos desde la casilla institucional de Galli entre el 1 de enero de 2020 y el 9 de marzo de 2022, cuando dejó su cargo.
El plazo para la entrega de los correos venció el pasado 4 de octubre, pero no hubo ningún traspaso de archivos. Según una respuesta que la División Jurídica de Interior envió al CPLT, los correos no existen:
– Al momento de revisar la casilla de correo requerida, para extraer la información solicitada, se pudo constatar que los correos electrónicos fueron eliminados por parte del señor Galli. La única información existente en la casilla son correos electrónicos recibidos con posterioridad a su renuncia al cargo, y que continuaron llegando a dicha casilla, detalla el oficio firmado por Luppy Aguirre Bravo, jefa de la División Jurídica de Interior.
¿Cómo es posible que esos correos hayan sido entregados a la Fiscalía y ahora no existan? ¿O es que Interior entregó una casilla de emails vacía al Ministerio Público? En el oficio que el pasado 29 de marzo envió el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve (PS), a la fiscal Ximena Chong -que indaga las eventuales responsabilidades penales de las ex autoridades-, señaló que habían podido recuperar los emails de Galli.
Ahora la versión cambió, y según el Ministerio del Interior el propio Galli borró los correos de su casilla antes de abandonar el cargo. Pero él lo desmiente. Consultado por CIPER, Galli señaló que “eso es falso”:
-Tendrían que mostrarte una instrucción mía que así lo dispusiera. Es más, los mails se respaldaban en los servidores de Interior. Mis correos estaban respaldados y la actual jefa de informática, Ingrid Inda, de Interior, recibió conforme esos respaldos al hacer el traspaso, complementó Galli.
Además, la ex autoridad destacó que fue la actual administración la que reconoció ante el CPLT que sus correos estaban disponibles y recalcó que quedó impedido de acceder a su casilla desde el momento que dejó el cargo, el 9 de marzo de 2022.
¿QUIÉN BORRÓ LOS CORREOS?
Desde el Ministerio del Interior no respondieron las preguntas enviadas por CIPER ¿Qué pasó con los correos? una opción es que el sistema informático del Ministerio los haya borrado, debido a que estaba configurado para eliminar los respaldos 30 días después de que las autoridades abandonaran sus cargos. Galli dejó la subsecretaría el 9 de marzo pasado. Pero sería extraño porque la fiscal Chong les ordenó “resguardar” esos correos en un oficio que les envió dos semanas después, el 22 de marzo.
La otra opción es que las actuales autoridades nunca tuvieron en su poder los emails de Galli, y que se dieron cuenta de ello recién hace algunas semanas, cuando debieron preparar la respuesta a la solicitud por Transparencia presentada por CIPER. Según la respuesta de Interior al CPLT, eso fue lo que pasó:
–Esta situación no pudo advertirse debidamente, por cuanto este servicio no accedió a dicha casilla con anterioridad a lo resuelto por ese consejo (CPLT), en vista a que su razonamiento siempre ha sido que no corresponde entregar dichos antecedentes, señala el oficio que enviaron desde Interior (vea aquí ese documento).
Desde la Fiscalía Centro Norte no quisieron responder si tenían en su poder o no los correos del ex subsecretario, argumentando que no podían comentar los detalles de una investigación que está en curso.
Sobre la mesa hay dos respuestas oficiales: la de Interior que culpa a Galli de borrar los archivos, y la de Galli que lo niega.
El episodio del borrado de esos correos es un capítulo más en la trama del respaldo de los emails de las autoridades de Interior durante la revuelta. En mayo CIPER publicó que no existían copias de los mensajes enviados y recibidos desde las casillas institucionales de los ex ministros Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y Víctor Pérez, ni tampoco del ex subsecretario Rodrigo Ubilla -los que también habían sido solicitados por la Fiscalía-, porque el sistema de Interior borra las casillas 30 días después de que las autoridades abandonan sus cargos (vea “Investigación por violaciones a los derechos humanos: Ministerio del Interior borró los emails de los ex ministros Chadwick, Blumel y Pérez”).
Luego de ese reportaje, la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, señaló que se trataba de “protocolos que estaban establecidos antes de nuestra llegada al gobierno”. Desde el Ministerio del Interior aseguraron que ese sistema se iba a cambiar: “Actualmente se ha modificado la configuración sobre la eliminación de correos electrónicos de casillas deshabilitadas, y se está trabajando en implementar una política que asegure la conservación de la información por un plazo razonable”, indicaron a CIPER desde esa cartera.
LA INVESTIGACIÓN Y LAS SOLICITUDES DE CIPER
La investigación judicial por las violaciones a los Derechos Humanos durante las protestas iniciadas en 2019, está alojada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y comenzó a partir de querellas presentadas por abogados y organizaciones que defienden los Derechos Humanos, como Londres 38. Las acusaciones en contra de Sebastián Piñera y sus autoridades alcanzó dimensiones internacionales, incluso con acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI), la que a fines del año pasado decidió no abrir un proceso en contra del expresidente por violaciones a los derechos humanos, una decisión que sería momentánea y a la espera de que actúe la justicia chilena, según un abogado que estuvo tras esa presentación (vea nota de El Mostrador).
Según cifras de la Fiscalía, a octubre de 2020, 8.827 personas denunciaron haber sido víctimas de delitos por parte de agentes del Estado, mientras que el gobierno de Sebastián Piñera informó ante el Senado que solo entre octubre y diciembre de 2019, 3.500 manifestantes resultaron heridos por la acción policial. Durante las protestas se acumularon 34 fallecidos, y más de 460 personas quedaron con heridas oculares.
La investigación ha avanzado de la mano de la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, luego de que estuviera dos años bajo la dirección de la fiscal Claudia Perivancich, sin mayores avances, tal y como consignó en su momento CIPER (vea “A dos años del estallido: los escasos avances en la investigación al Presidente Piñera por eventuales delitos de DD.HH.”).
Fue en el contexto de esta indagatoria que Chong le solicitó a las nuevas autoridades del gobierno de Gabriel Boric que se entregaran los correos electrónicos de los ex ministros del Interior de Sebastián Piñera, en concreto de Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, junto con los de Rodrigo Ubilla y Juan Francisco Galli, ambos ex subsecretarios del Interior.
En ese intertanto, CIPER solicitó copia del correo de todas estas autoridades al Ministerio del Interior, donde negaron el acceso. Todavía están pendientes de resolución en el CPLT los amparos presentados para acceder a los correos de Delgado y de Bonito, los que según Interior lograron ser rescatados.
En todas las respuestas a solicitudes por Transparencia, la cartera dirigida por el subsecretario Manuel Monsalve se ha negado a entregar copia de los correos. Según su argumentación “los correos electrónicos constituyen comunicaciones privadas efectuadas por los ex funcionarios, respecto de las cuales no es posible acceder, salvo autorización de orden de autoridad administrativa o judicial competente o, extraordinariamente, en el contexto de incidentes informáticos”.
En las respuestas a las solicitudes también han señalado que las comunicaciones de correos electrónicos “no corresponden a actos administrativos” y no constituyen “información relevante susceptible de ser publicitada”. Otro de los argumentos para negarse a la entrega de los archivos es que al ser un requerimiento genérico que incluye “un elevado número de antecedentes” se podría “distraer indebidamente al personal del cumplimiento regular de sus labores habituales”.
Sin embargo, en la sesión del CPLT realizada el 30 de agosto pasado, todos esos argumentos fueron desestimados por los consejeros, que le ordenaron a Interior hacerle entrega a CIPER de las copias de los correos de Galli: “Lo anterior, por cuanto, tratándose de los correos electrónicos requeridos, dichos antecedentes fueron generados desde una casilla institucional, en el ejercicio de competencias públicas, desestimándose la afectación de los derechos de las personas”, fue parte de la argumentación del CPLT.
En el punto seis de su resolución, destacan que los correos no son secretos, ya que la reserva de información depende del contenido, no del medio que contiene la información. Además, advierte que “si se estimara que los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos por servidores públicos respecto de materias propias del desempeño de sus funciones son comunicaciones de carácter privado, se crearía un canal secreto que transformaría en reservados documentos esencialmente públicos por el solo hecho de ser remitidos por esa vía”.
