Santiago. Lo que comenzó como una reclamación aislada de una universidad privada ha escalado hasta convertirse en un conflicto sistémico. El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) formalizó su adhesión a la consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), impugnando la fijación de aranceles regulados por parte del Gobierno.
La acción judicial busca frenar lo que las instituciones califican como un «desequilibrio financiero insostenible» derivado de una política de precios que no refleja los costos reales de la formación profesional.
El origen del conflicto: ¿Cuánto cuesta realmente educar?
La disputa se centra en la metodología de la Subsecretaría de Educación Superior para establecer cuánto paga el Estado por cada alumno con gratuidad.
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La pérdida: Las universidades privadas estiman un déficit de $26 mil millones anuales, brecha que se genera entre el arancel real que cobra la institución y el «arancel regulado» que el Estado está dispuesto a transferir.
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El antecedente: La batalla legal fue iniciada en noviembre de 2025 por la Universidad Finis Terrae, cuestionando resoluciones que, a su juicio, discriminan y desfinancian el proyecto educativo.
Frente unido: El CRUCH y el G9 entran en escena
El pasado 11 de febrero de 2026, las 30 universidades del CRUCH decidieron sumarse a la causa. Juan Yuz, rector de la Universidad Técnica Federico Santa María y presidente del G9, fue enfático en la necesidad de coherencia.
«Es importante avanzar en una política de aranceles regulados que sea coherente y otorgue estabilidad», señaló Yuz, recalcando que las observaciones técnicas enviadas previamente al Ejecutivo fueron desestimadas.
Esta adhesión es clave, pues ya no se trata solo de universidades privadas no tradicionales, sino de las instituciones más antiguas y prestigiosas del país (estatales y no estatales) acusando un daño patrimonial.
La respuesta del Ministerio: «Derecho legítimo»
Pese a la magnitud de la ofensiva judicial, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha optado por una postura de cautela y aparente calma. La autoridad ministerial descartó que la masiva rebelión de los rectores genere una crisis interna en su cartera.
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La postura oficial: El Mineduc sostiene que las universidades están ejerciendo un derecho legal al recurrir al TDLC.
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El riesgo: Si el tribunal falla a favor de las universidades, el Estado podría verse obligado a desembolsar miles de millones adicionales o rediseñar por completo la Ley de Educación Superior para evitar la quiebra técnica de algunas facultades.
Análisis del contexto: El sistema universitario aguarda con expectación esta resolución. Un fallo favorable a las universidades podría obligar a una reestructuración del Presupuesto de la Nación para 2027, poniendo a prueba la sostenibilidad de la gratuidad universal.
