Pérez informó que se ha solicitado la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para abordar este tema y proporcionó detalles sobre las acciones emprendidas.
En su presentación ante la comisión, Pérez destacó que se han remitido al CDE 21 resoluciones que examinan la legalidad de las contrataciones de obras realizadas por el Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND) para los Juegos Panamericanos. El monto total de $194 mil millones aún no ha sido rendido, y se subrayó que esta falta de rendición ha sido notificada al CDE, la entidad encargada de defender los intereses fiscales.
La contralora señaló que hasta el momento solo se ha rendido el 31,5% del total de los recursos asignados, con un 5,2% aprobado. Además, se registraron observaciones por un monto de $50 mil millones, y la Contraloría solicitó el reintegro de $463 millones de pesos.
En cuanto a las auditorías en curso, Pérez detalló tres oficios. El primero aborda una revisión detallada de los recursos transferidos por el IND a la Corporación Santiago 2023, con especial atención a las rendiciones de cuentas y la determinación de si se han recibido reintegros. El segundo busca obtener información sobre las gestiones y causas de las rendiciones pendientes por $194 mil millones desde 2020.
Además, se informó sobre la fiscalización de acciones para la restitución de $49 millones observados, la presentación de informes sobre plazos y ampliaciones para rendiciones desde 2019 hasta 2023, y la verificación de acciones legales emprendidas. El tercer oficio se centra en acceder al detalle de los recursos transferidos mediante convenios, así como a información detallada sobre rendiciones de cuentas pendientes y posibles reintegros de fondos.
La diputada Érika Olivera, presidenta de la Comisión Investigadora, expresó sus dudas tras la presentación y destacó la importancia de revisar detalladamente cuáles obras cuentan con observaciones. Ante la incertidumbre, Olivera afirmó que buscarán aclaraciones tanto del IND como de los informes de la Contraloría y no descartó la posibilidad de recurrir a instancias judiciales para buscar responsabilidades en caso necesario.
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