La Contraloría General de la República (CGR) advirtió serias deficiencias en los sistemas de control de la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), conocida como Tía Rica, tras detectar que personas con antecedentes penales realizaron empeños por más de $1.500 millones durante los años 2023 y 2024, sin que se verificara la procedencia de las especies entregadas.
Según el informe del organismo fiscalizador, 1.681 personas con prontuario accedieron al sistema de empeños sin mayores restricciones, ya que la Dicrep exige únicamente ser mayor de edad y presentar cédula de identidad. Esta falta de filtros permitió que algunos usuarios realizaran operaciones de manera reiterada, llegando incluso a registrar hasta 230 empeños en un solo año, sin que se activaran alertas internas.
La auditoría detalló que en 2023 se identificaron 4.769 usuarios con transacciones recurrentes —entre 10 y 229 operaciones— por un monto total de $7.139 millones. En tanto, durante 2024 la cifra aumentó a 4.895 usuarios, cuyas operaciones alcanzaron los $7.290 millones, manteniéndose el mismo patrón de reiteración.
En el caso específico de las personas con antecedentes penales, la Contraloría estableció que estas realizaron empeños por $1.507 millones y no recuperaron las especies. Pese a ello, la Dicrep no presentó denuncias ni remitió antecedentes a las autoridades competentes, lo que fue calificado como una omisión grave por parte del organismo fiscalizador.
El informe también evidenció la ausencia de procedimientos básicos para validar la identidad de los usuarios, comprobar la licitud de los bienes y cruzar información con policías, pese a que las especies empeñadas contienen datos relevantes para investigaciones, como números de serie y características identificatorias.
Ante estos hallazgos, la Contraloría anunció la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas. Asimismo, remitió los antecedentes al Ministerio Público y ordenó al servicio implementar medidas correctivas para fortalecer sus mecanismos de control, las que serán revisadas en una futura fiscalización.
