En oposición, participaron el fiscal Hernán Delgado y el abogado querellante Iván Gómez. La resolución de la Corte de Talca fue la siguiente:
«Atendido el mérito de los antecedentes, oídos los intervinientes que participaron en esta audiencia y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 140, 149, 352, 358 y 360 del Código Procesal Penal, SE CONFIRMA la resolución apelada dictada en audiencia de cuatro de junio del año en curso, que ordena la medida cautelar personal de prisión preventiva respecto de la imputada inserta en la carpeta virtual del Juzgado de Garantía de Talca. Comuníquese por la vía más expedita. Devuélvase».
El fallo está firmado por los ministros Moisés Muñoz y Gerardo Bernales, junto a la abogada integrante Carolina Araya.
Desde abril de 2022, se presentaron diversas denuncias por parte de 19 víctimas, todas con un patrón común en su actuar. La fiscalía local de Talca solicitó múltiples diligencias a detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la capital maulina.
La investigación acreditó que la imputada, de 38 años, ofrecía a terceros invertir en su empresa, prometiendo intereses superiores a los del sistema financiero formal, con el fin de obtener recursos de las víctimas. Para ello, les mostraba documentación bancaria elaborada por ella misma para aparentar solvencia económica.
Las víctimas, atraídas por la promesa de altos rendimientos, entregaban dinero en efectivo, transferencias y depósitos a las cuentas de la imputada. Durante un tiempo, ella pagaba los intereses prometidos, pero luego suspendía los pagos de manera definitiva.
En otros casos, la imputada solicitaba préstamos en dinero a las víctimas para supuestas inversiones, prometiendo devolverlos con intereses, asegurando que su actividad comercial era muy lucrativa. Al no cumplir con lo prometido, las víctimas solicitaron la devolución del dinero invertido y, en algunos casos, la imputada entregó cheques que no pudieron ser cobrados debido a la falta de fondos o a órdenes de no pago.
La imputada fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino (CPF) tras decretarse la medida cautelar más severa, mientras continúan las diligencias investigativas solicitadas por el ente persecutor.
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