El enfoque de esta investigación se centra en posibles delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, vinculados a controvertidos acuerdos suscritos entre diversos organismos públicos, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y las gobernaciones, con organizaciones como Democracia Viva, Urbanismo Social y ProCultura.
En este contexto, se ha instado a la Fiscalía a convocar a declarar a Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez, todos afiliados al partido Revolución Democrática, que ha estado en el epicentro de la controversia. El propósito de estas citaciones es que proporcionen toda la información relevante para esclarecer los hechos objeto de la investigación, ya que se les acusa de no haber ejercido adecuadamente su función de supervisión en relación con los convenios suscritos con las mencionadas fundaciones.
La querella presentada señala que en junio de 2022, se disminuyeron los controles a cargo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) con respecto al destino y uso de los fondos públicos, lo que facilitó la comisión de múltiples delitos, incluyendo aquellos que se están investigando en esta causa judicial.
No obstante, según informaciones del diario El Mercurio, la defensa del exministro Giorgio Jackson ha afirmado que aún no han recibido la notificación oficial por parte del Ministerio Público.
El diputado Irarrázaval ha calificado el «Caso Convenio» como un ejemplo de corrupción sistemática y generalizada, atribuyendo su origen a las tres personas imputadas y citadas. Según él, Giorgio Jackson tenía la tarea de allanar el camino a través del Consejo de Auditorías, mientras que la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, estaba encargada de asignar recursos, y existe la preocupación de que la Ley de Presupuesto se haya utilizado como un mecanismo para saquear institucionalmente. Por último, Miguel Crispi, exsubdere y actual mano derecha del Presidente, habría tenido la función de distribuir esos recursos de manera cuestionable.
El diputado Cristián Araya subrayó que la retirada de la Acusación Constitucional contra Giorgio Jackson no implica impunidad, sino que se comprometieron a perseguir hasta el final las responsabilidades administrativas y penales de todas las personas involucradas en este escándalo de corrupción, que reveló un sistema para desviar recursos públicos destinados a los más necesitados de Chile con fines políticos. En consecuencia, se espera que esta situación abra la puerta para una investigación más profunda del caso Convenios, concluyó el diputado Irarrázaval.
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