El Gobierno de Javier Milei anunció este martes el fin de la gratuidad en salud y educación para extranjeros no residentes en Argentina, como parte de una profunda reforma migratoria impulsada por el Ejecutivo.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló que la medida responde a la necesidad de ordenar las finanzas públicas y priorizar los recursos estatales para los ciudadanos argentinos. A partir de ahora, los extranjeros sin residencia legal deberán pagar por la atención médica en hospitales públicos, dejando atrás una política histórica de acceso universal.
“Nos despedimos de los famosos tours sanitarios que, por desgracia, gozan de tanta fama en la Argentina”, afirmó Adorni, aludiendo a los casos de personas que viajaban exclusivamente para recibir atención gratuita.
Como ejemplo, citó la provincia de Salta, donde la implementación de restricciones redujo en un 95% la atención a foráneos y generó un ahorro de 60 millones de pesos.
Cambios en la educación superior
En el ámbito educativo, las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. La decisión será tomada de forma autónoma por cada institución.
“Uno de cada tres estudiantes de Medicina es extranjero. Estos pagos pueden transformarse en una fuente adicional de financiamiento”, señaló Adorni.
Reforma migratoria en camino
Junto a estas medidas, el Gobierno informó que en los próximos días se emitirá un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para implementar una reforma migratoria más estricta, que incluirá:
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Nuevas causales de expulsión
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Limitaciones para obtener residencia
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Expulsión inmediata de extranjeros que cometan delitos, sean sorprendidos en flagrancia o ingresen con documentos falsos
“Los malandros, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera”, sostuvo el vocero, agregando que “si un delincuente comete un delito, lo expulsaremos y no podrá reingresar al país”.
Desde el Ejecutivo aseguran que estos cambios buscan reforzar la seguridad interna, controlar las fronteras y resguardar los recursos públicos, privilegiando a la ciudadanía argentina en áreas esenciales como salud y educación.
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