El Gobierno chileno, por su parte, defiende el tratado de libre tránsito y afirma que el tránsito de camiones chilenos y argentinos es normal y está regulado por el «Convenio Argentino-Chileno de Transporte Terrestre en Tránsito para vincular dos puntos de un mismo país utilizando el territorio del otro» de 1974, por lo que no es posible impedir este tránsito.
Ante esta controversia, los gremios de transportistas chilenos proponen una solución: aumentar y mejorar el uso de ferries para transportar marítimamente los camiones. Actualmente, existen rutas de ferry desde Puerto Montt, Castro y Quellón hasta Puerto Natales y el extremo sur. Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, señala que esta es una solución necesaria debido a los conflictos en Argentina que a menudo afectan a los camioneros chilenos.
Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, coincide en que la solución radica en mejorar el sistema de ferries. Sin embargo, señala que las tarifas actuales son elevadas y que el Gobierno debería subvencionar estas barcazas.
Juan Monasterio, presidente de la Asociación Gremial Chilena de Empresarios de Transporte Internacional de Carga por Carretera, también respalda la idea de utilizar ferries como una alternativa para no depender exclusivamente de las carreteras argentinas.
En el Congreso chileno, hay opiniones divididas. El senador Iván Moreira aboga por una política de Estado que priorice la inversión en sistemas de ferry para evitar depender de Argentina. Por otro lado, el senador Fidel Espinoza considera que la solución debe buscarse a través de la diplomacia entre ambos países y no necesariamente a través de los ferries.
En resumen, la controversia generada por las declaraciones de los intendentes argentinos ha llevado a la discusión sobre la necesidad de mejorar y aumentar el uso de ferries como una posible solución para el transporte de camiones chilenos en la región, en lugar de depender exclusivamente de las carreteras argentinas. La propuesta cuenta con el respaldo de algunos gremios de transportistas chilenos, pero también existen opiniones diversas en el Congreso sobre la mejor manera de abordar este problema.
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