La brigada policial incautó información de valor criminalístico para la investigación que se lleva adelante sobre convenios y transferencias millonarias con instituciones privadas.
Al respecto, en un comienzo la Fiscalía Regional del Maule abrió de oficio una investigación, la que quedó vinculada con el proceso indagatorio ya iniciado en Antofagasta, posterior a ello, se sumaron los Consejeros Regionales (CoRes) solicitando información a la Unidad de Control GORE y un diputado de oposición interponiendo una denuncia.
La diligencia de ayer en Talca, ordenada por el fiscal de Antofagasta, Cristián Aguilar, y autorizada por el Juzgado de garantía de esa ciudad, se realizó bajo el más absoluto hermetismo y se prolongó por varias horas de la tarde.
“Es así como en el caso del Gobierno Regional, una vez terminada la diligencia, parte del personal de investigaciones abandonó el inmueble, abordando el vehículo policial sin hacer ningún tipo de declaraciones. En tanto, al término del procedimiento, un segundo vehículo ingresó hasta el estacionamiento subterráneo del GORE por calle 1 Poniente y al cabo de unos minutos salió raudamente, con más personal de la PDI y llevando consigo información relevante para los casos que se investigan.” Se señala en un periódico de circulación local.
El asunto del GORE y Urbanismo Social, dice relación con un convenio por $264 millones 950 mil para la ejecución del programa “Juntos y Juntas nos sentimos más seguros”. Además, en este caso se cuestiona el hecho de que según una carta enviada por Urbanismo Social, desde el GORE se habría recomendado la contratación de tres personas para la ejecución del proyecto.
Cabe recordar que, luego de una primera investigación iniciada por el ministro de cartera, Carlos Montes, que detectó incongruencia en la información entregada en cuanto a fechas en las que el ex SeReMi de Vivienda Rodrigo Hernández, se habría inhabilitado para la suscripción de convenios con Urbanismo Social, y más tarde una incompatibilidad como seremi para haber habilitado a la entidad patrocinante Gestión Vivienda, que trabaja con Urbanismo Social.
Frente a esos hechos, el ministro Montes le pidió la renuncia como seremi a Rodrigo Hernández, abrió un sumario administrativo en su contra y anunció la entrega de los antecedentes a la Fiscalía. Hernández ante la presión renunció el fin de semana recién pasado y la investigación continúa.
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