La parlamentaria, vinculada a la denuncia debido a su relación laboral pasada con el entonces seremi Carlos Contreras y a su conexión con el representante legal de la fundación, Daniel Andrade, reveló que compartió la información con Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática en ese momento, y con Tatiana Rojas. Esto ocurrió en el contexto de la revelación de que la Seremi de Vivienda de Antofagasta transfirió $426 millones a Democracia Viva para proyectos en el marco del Programa de Asentamientos Precarios.
Cabe destacar que, hasta ese momento, la denuncia por parte de los funcionarios del Serviu ya era de conocimiento público, y el presidente Gabriel Boric había solicitado la renuncia de Tatiana Rojas. Sin embargo, la contribución de la diputada Catalina Pérez como informante de esta acusación tanto a su partido como a La Moneda no se había explicitado previamente.
La parlamentaria también negó haberse comunicado con otros funcionarios del Gobierno, como Miguel Crispi o Giorgio Jackson, y señaló que mantuvo conversaciones únicamente con quienes consideraba apropiado. Además, admitió errores en su manejo inicial del proceso, destacando la falta de asunción de responsabilidad y la necesidad de una investigación.
En cuanto a su relación con el presidente Gabriel Boric, Pérez reveló que no ha tenido contacto con él desde el estallido del conflicto. A pesar de sus errores iniciales, la diputada afirmó haber mantenido una comunicación constante con el senador Latorre, sin ocultar información ni acciones.
CVZ-RTL
