Licantén, Costa de la Provincia de Curicó. Una investigación penal de alta complejidad, gatillada por una alerta de organismos internacionales, culminó con la detención de un hombre de 23 años en la zona costera de la Región del Maule. El sujeto es acusado de almacenar una considerable cantidad de material pornográfico infantil en sus dispositivos electrónicos.
El rastro digital: De Estados Unidos a la costa maulina
La detección del imputado fue posible gracias a un reporte emitido por un organismo con sede en Estados Unidos, el cual detectó que un usuario en Chile estaba utilizando plataformas de Google para descargar archivos con contenido de explotación sexual infantil.
Tras recibir la denuncia, la Brigada investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) y la Brigada de Cibercrimen de la PDI iniciaron un minucioso seguimiento técnico.
«A través de diferentes investigaciones, como son direcciones IP y direcciones de correo electrónico, se logró la individualización de este sujeto», detalló el comisario Roberto Cornejo, jefe (s) de la Brisex Curicó.
Operativo y hallazgo de evidencia
Con la identidad y el domicilio exacto del sospechoso establecidos, la Fiscalía de Licantén solicitó una orden de entrada y registro al inmueble del investigado. Durante el procedimiento, los detectives incautaron material de alto interés criminalístico.
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Evidencia clave: Se corroboró que el imputado mantenía videos y fotografías de carácter prohibido directamente en su teléfono celular.
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Incautación: Los equipos electrónicos fueron derivados a peritajes especializados para determinar la magnitud del material almacenado.
Formalización y Medidas Cautelares
La fiscal jefe de Licantén, Mónica Barrientos, lideró la audiencia de formalización en el Tribunal de Garantía local, donde se le imputó el delito de almacenamiento de material pornográfico infantil.
Pese a la gravedad de los hechos, el tribunal determinó que el imputado cumpliera con medidas cautelares del Artículo 155 del Código Procesal Penal:
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Arraigo nacional: Prohibición de salir del país.
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Firma semanal: Deberá presentarse ante la unidad policial más cercana cada siete días.
El magistrado fijó un plazo de cuatro meses para la investigación, periodo en el cual el Ministerio Público profundizará en las pericias digitales para descartar la distribución o producción de dicho material.
