La Fiscalía Regional del Biobío descartó este martes que la muerte del pequeño Tomás Bravo, el niño de tres años cuyo cuerpo fue encontrado en febrero pasado en una zanja en un fundo colindante con el río Raqui en Arauco, tras nueve días desaparecido, haya sido «accidental».
«La Fiscalía ha descartado la hipótesis de que la muerte de T.B.G. haya sido de carácter accidental. De esta manera, la indagatoria se concentra, desde ahora, únicamente en la línea investigativa de que su fallecimiento ocurrió por la intervención de terceras personas«, declaró el Ministerio Público en un comunicado.
La información fue difundida una vez finalizada una reunión entre la fiscal regional, Marcela Cartagena, y la madre y el padre del pequeño Tomás.
«Todos los detalles de esta conclusión fueron entregados a la familia y sus abogados y se considera prudente que no sean revelados públicamente, para favorecer el desarrollo de las diligencias y peritajes que están en curso», cerró el comunicado.
Ante este escenario, la Fiscalía anunció que presentará un escrito para pedir el aumento de plazo de la investigación.
El querellante Alejandro Espinoza, abogado de la Fundación Amparo y Justicia, confirmó esta tarde a Cooperativa Regiones que los nuevos antecedentes aportados a la investigación corresponden a un peritaje encargado a un laboratorio forense en Estados Unidos.
«Hemos encargado varios peritajes fuera de Chile parece establecer las circunstancias de la muerte de Tomás y uno de ellos, evaluado por quizás una de las médicas peritas más autorizadas en el mundo en materia de agresiones secuales contra niños y niñas de Estados Unidos estableció concluyentemente que la muerte de Tomás no es accidental y que hay participación de terceros», aseguró el jurista.
«En esa base de estos peritajes, la Fiscalía tomó algunas decisiones que fueron comunicadas hoy a la familia», ratificó.
A mediados de abril se filtró a la prensa un informe de autopsia realizado por el Servicio Médico Legal que revelaba que Tomás posiblemente murió por «hipotermia e inanición», es decir, de frío y hambre. La difusión del reporte generó la apertura de una investigación con el fin de establecer las responsabilidades por la entrega de estos antecedentes de la carpeta investigativa.
El único imputado de este caso hasta ahora, el tío abuelo del niño, J.E.E.E., de 57 años -la última persona que vio con vida al niño antes de que se perdiera el 17 de febrero-, fue dejado a inicios de marzo en libertad por la Corte de Apelaciones de Concepción, que consideró diversas incongruencias y falta de rigurosidad científica en la prueba presentada por el ente persecutor para justificar la imposición de la prisión preventiva.
DEFENSORÍA RECHAZA AMPLIACIÓN DE PLAZO Y PEDIRÁ SOBRESEIMIENTO DEL ÚNICO IMPUTADO
Mientras, la Defensoría Penal Pública (DPP) del Biobío, que representa al tío abuelo de Tomás en el caso, dijo desconocer los nuevos antecedentes que confirman la participación de terceros en la muerte del pequeño.
Aún así, «nos vamos a oponer a cualquier ampliación de plazo, solicitaremos el cierre de la investigación y el sobreseimiento definitivo» del único imputado, «por existir antecedentes suficientes que descartan su participación en los hechos que se le imputan», dijo el defensor Pedro Aguilera.
«Resulta improcedente ampliar una investigación y mantener en calidad de imputado sobre la cual no existe prueba alguna de participación en el delito por el cual fue formalizado», enfatizó el abogado.
«QUEREMOS VERDAD Y JUSTICIA»
Elisa Martínez, abuela de Tomás, quien permaneció por cerca de dos horas afuera de la Fiscalía mientras la persecutora se reunía con los padres del niño, dijo a Cooperativa Regiones que «ya son seis meses donde siguen sin decir nada, herméticos, no quieren dar respuesta, no sé si no quieren o están de a poco, porque les encanta revictimizar y jugar con una madre que está desesperada por saber la verdad».
«Queremos verdad, justicia y que se hagan las cosas como corresponde», expresó.
