El empresario Héctor Agüero fue formalizado por el delito de estafa en caracter de reiterado al estar acusado de timar en 140 oportunidades a 282 personas de la Región del Biobío, quienes confiando en su discurso de solución habitacional, le traspasaron dinero por un servicio que nunca llegó.
El recordado caso ARQ2 -por el nombre de la empresa- se investiga desde 2014 a la fecha, con una serie de complicaciones por no ser habido el imputado, pero que el viernes 24 de junio permitió llevar a estrado al principal acusado, el que estando en libertad presenció la audiencia en su casa pero cuando el Juzgado de Garantía de Concepción dictó la prisión preventiva tomó la decisión de darse a la fuga.
Andrés Durán, abogado querellante por un grupo de víctimas, indicó que «ha sido muy difícil de encontrar para que comparezca en reiteradas audiencias de formalización, siempre se excusaba que tenía algún problema médico, que estaba en una clínica, en un hospital. Al final se le pudo formalizar la semana pasada y con ello se debatió en audiencia la prisión preventiva y el tribunal estimó que era un peligro para la sociedad».
«Se determinó que existía posibilidad de fuga puesto que las penas conjugadas del código penal daban para pena de crimen, por lo tanto es muy probable que este señor vaya preso», agregó.
El caso y la captura
En evidencia quedó el peligro de fuga al minuto de escuchar la medida cautelar de prisión preventiva, ya que Agüero salió de su casa sin ser habido de manera inmediata, razón por la cual la PDI inició su búsqueda.
El jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Concepción, subprefecto Roberto Godoy, explicó que «previa orden de detención emanada por el tribunal, detectives de la Bridec se abocaron a su ubicación y fue detenido en la calle, en la comuna de Talcahuano».
La fiscal especialista en delitos económicos de la Fiscalía Local de Concepción, Pamela Lillo, dijo que «el imputado aparentó ser representante de una empresa que construiría un conjunto habitacional, ofreciendo vender casas, con y sin subsidio, a un precio accesible para ellos, entregando cada una de las víctimas dineros, a nombre de reserva de estas casas, siendo todo un engaño».
La fiscal acotó que los hechos ocurrieron entre 2014 y 2016 y que «se trata de una causa compleja que ha requerido años de investigación, y un trabajo en conjunto entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, pues las víctimas fueron denunciando en distintos tiempos».
