Un juez de la Corte Suprema de Brasil apartó de su cargo por 90 días al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha.

Eso tras el asalto de ayer domingo de miles de radicales bolsonaristas a las sedes de los tres poderes del Estado intentando derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el poder nuevamente hace solo nueve días.

La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, que también ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio público, en todo el país, bajo la ocupación de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro.

El juez, que atendió una petición de aliados de Lula, indicó que “la escalada violenta” contra la sede de los tres poderes “solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva,” de las autoridades competentes por la seguridad pública e inteligencia.

Asimismo, subrayó que la organización de esos actos golpistas era un “hecho notorio y sabido, que fue divulgado por la prensa brasileña”.

De esta forma, De Moraes señaló directamente a Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por las fallas de seguridad que llevaron a los graves acontecimientos ocurridos la tarde del domingo en la capital brasileña.

Rocha también había destituido de forma fulminante a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y es una figura muy cercana del ahora exgobernante.

Seguridad en Brasilia, sin Ibaneis Rocha

Ante el caos generado, el presidente Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno central durante ese periodo.

El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los golpistas que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes.

Esos grupos radicales no reconocen el resultado de las elecciones presidenciales del 30 de octubre, en las que Lula ganó a Bolsonaro, y han venido exigiendo una “intervención” militar que devuelva al poder al capitán retirado del Ejército, actualmente en Estados Unidos sin que se sepa si quiere o no regresar.

Hasta el momento hay 300 detenidos por los actos antidemocráticos del domingo, que fueron ampliamente condenados por todas las instituciones de Brasil y por la comunidad internacional.