Una sesión extraordinaria del Consejo Asesor contra el Crimen Organizado se llevó a cabo en el palacio de La Moneda para efectos de entregar al presidente de la República, Gabriel Boric, la primera Política Nacional Contra el Crimen Organizado del país.

La iniciativa radica en un plan estratégico que encabezó el Ministerio del Interior para confiscar los bienes de capital de las bandas criminales, desbaratar sus redes y logística, a través del fortalecimiento del sistema de inteligencia financiera y la coordinación intersectorial.

Por tanto, sus principales objetivos son desarticular las bandas criminales y debilitar su poder financiero; implementar medidas para combatir el delito de narcotráfico, cibercrimen, contrabando y delitos medioambientales como el robo de cobre, madera y salmones; así como los delitos relacionados de homicidios y lavado de activos; ejecutar acciones para abordar este problema con pertinencia a cada territorio y consolidar un ecosistema de seguridad pública que asegure la acción del Estado.

El crimen organizado trae consigo una escalada de violencia y temor en los barrios, penetra en las diferentes esferas de la sociedad, genera corrupción, se resquebraja la confianza hacia el Estado, hacia sus instituciones y hacia la democracia misma, por lo tanto es algo que tenemos que combatir con mucha energía y decisión y de manera muy cohesionada, donde si hay una grieta, es un lugar por donde el crimen organizado puede entrar”, sostuvo el Presidente Boric, dando cuenta de la política.

Y añadió que “cuando el crimen organizado ve debilidad en las instituciones del Estado y permítanme decirles que lo que ha hecho el Senado ayer es mostrar una debilidad en materia de la Fiscalía Nacional, se termina facilitando la acción de los delincuentes y eso es algo que no podemos permitir”.

La Política Nacional contra el Crimen Organizado contempla cuatro instancias de trabajo interinstitucional: El Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en Materia de Prevención y Control del Crimen Organizado; Los Consejos Regionales contra el Crimen Organizado; las Unidades de Coordinación Estratégica y las Mesas interinstitucionales para el abordaje de delitos de la criminalidad organizada.

Con todo, la política acumula este 2023 un presupuesto de más de 39 mil millones de pesos, para así fortalecer a Carabineros, Policía de Investigaciones, Aduanas, Directemar, Unidad de Análisis Financiero y Gendarmería, que son parte de los 17 organismos que conforman el Consejo Asesor Contra el Crimen Organizado.

Así también, la estrategia contempla 10 ejes de trabajo: Fortalecimiento institucional; desbaratar la economía del crimen organizado; disminución del poder de fuego; abordaje del crimen organizado en recintos penitenciarios.

Sobre esto último, el mandatario señaló que “sabemos que hoy día desde las cárceles se están planificando delitos y no podemos quedarnos impávidos ante ello”. 

“Todos sabemos que está sucediendo, por eso le estamos entregando más atribuciones a Gendarmería, pero también estamos mejorando la tecnología en las cárceles, por ejemplo, para inhibir la señal de celulares, para evitar el ingreso de drogas o de elementos prohibidos, para evitar la coordinación al interior de las cárceles de organizaciones criminales que trabajan de manera coordinada”, añadió.

Otros ejes de la Política son la agenda legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución; la actualización del equipamiento y tecnología; la formación institucional; la prevención de corrupción en instituciones públicas; la reforma policial y la cooperación internacional.

Sobre los ejes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, precisó que “estuvimos revisando ahora durante la sesión las medidas que están previstas en materia de bajar el poder de fuego de las bandas de crimen organizado”.

“¿Qué materias hay en ese aspecto? Por ejemplo, una de ellas es el proyecto que se presentó el otro día, que va a subir el piso mínimo de las sanciones penales a quienes porten armas de manera ilegal en espacios públicos, pero a eso se acompañan, por ejemplo, refuerzos a los organismos que controlan la entrada ilegal de armas en la frontera, entonces hay ahí medidas que tienen por objeto fortalecer las capacidades que hay en Aduanas para hacer este control”.

En ello, indicó que “otras de las líneas es controlar el desarrollo de crímenes asociados al crimen organizado desde los centros penales, entonces ahí también hay una serie de medidas de Gendarmería, materia de legislación, de equipamiento en esa línea”.

Sobre el eje de agenda legislativa, el subsecretario Manuel Monsalve explicó que “la ministra está liderando un acuerdo en materia de seguridad que sin duda incluye un conjunto de iniciativas legislativas, pero el Gobierno no ha esperado ese acuerdo para tramitar proyectos de ley que en materia de crimen organizado son de enorme relevancia”. 

“Hay que recordar que presentamos indicaciones y logramos la aprobación en el Senado del proyecto de ley de narcotráfico, que hoy día está en comisión mixta y que permite entre otras cosas fortalecer de manera significativa las capacidades del Estado para golpear patrimonialmente a las organizaciones criminales configurando el delito decomiso en nueva.