En la Contraloría se presentarán los antecedentes del “fallido” censo agropecuario que costó 21 mil millones de pesos al Estado y que no consideró cerca de un 25% de los predios agrícolas del país. El ingresó fue anunciado por el senador de la DC, Iván Flores, quien analiza llegar a la justicia.

En plena pandemia, entre 2020 y 2021, se realizó el último Censo Agropecuario y Forestal del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con el cual se pretendía conocer la realidad de varios sectores productivos del país después de 15 años.

Un esperado estudio que dejó como resultado una caída en la superficie trabajada y que, entre otras cosas, no habría considerado a cerca de un 25% de los predios agrícolas que existen en Chile.

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, explicó que el Censo Agropecuario costó 21 mil millones de pesos y que los datos obtenidos “no sirven de nada”.

“Para que tengamos una referencia, un Cesfam cuesta alrededor de 5 mil (millones), el censo agropecuario fallido costó 21 mil, cuatro Cesfam completos, y no sirve para nada, porque el error muestral todavía no está del todo calculado”, detalló Flores.

La situación ya había sido transparentada e incluso los organismos responsables, el INE y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, acordaron la conformación de un panel de expertos para evaluar la situación y entregar recomendaciones para encontrar una solución.

Sin embargo, el senador Iván Flores señaló que junto a la senadora, Alejandra Sepúlveda, llegarán hasta la Contraloría para que lo ocurrido sea investigado.

Además, indicó que no descarta acudir a la justicia por los 21 mil millones de pesos que, aseveró, fueron “tirados a la basura”.

“Ya tenemos una presentación hecha que la vamos a hacer llegar esta semana a la Contraloría General de la República (…) aquí hay 21 mil millones de pesos tirados a la basura, que, hasta el momento, el propio Ministerio de Agricultura indica que no les sirve”, manifestó el parlamentario.

Para el legislador, la situación es preocupante, porque la falta de datos impide que las autoridades puedan aplicar políticas públicas. Según dijo, Chile ha perdido suelo para el uso de tareas agrícolas, ya que más de 1 millón 600 mil hectáreas han sido parceladas.