Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático entregaron detalles del acuerdo para reformar la nueva Constitución en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito de septiembre.

Este jueves, los partidos políticos oficialistas distribuidos entre los pactos Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático dieron conocer el acuerdo de reformas para la eventual nueva Constitución.

Las medidas se propondrán en el caso de que gane la opción Apruebo en el plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

Según los firmantes, el acuerdo busca que los ciudadanos “tengan certezas acerca de las mejoras y aclaraciones del texto propuesto y del proceso de implementación del mismo”.

El presente acuerdo aclara ciertas dudas e interpretaciones que han buscado confundir y desinformar a la ciudadanía, contribuyendo al voto responsable e informado”, agregan.

El documento, llamado Unidos y unidas para aprobar una nueva Constitución, dice que la propuesta emitida por la Convención “es un nuevo pacto social que valoramos profundamente. El anhelo de derechos sociales que ha expresado la ciudadanía, se hace realidad bajo el Estado social y democrático de derecho, fundado en la solidaridad que la Constitución actual nos ha negado persistentemente”.

Abriremos un nuevo camino, con políticas públicas transformadoras, que avancen en el sentido que Chile reclama, asegurando igualdad de oportunidades a todos y todas, con especial énfasis en la paridad, la niñez, las mujeres y las personas mayores. Una Constitución que consagra el trabajo decente, el Estado ecológico, que confiere poder real a las regiones, que promueve la participación ciudadana, entre muchos otros avances sustantivos. Afirmamos que es esta la Constitución que nos representa y que estimamos necesaria para mejorar la vida en nuestra patria”, sentencia.

Los cinco puntos del acuerdo

Estos son los cinco puntos que tiene el texto presentado por ambos conglomerados oficialistas:

Plurinacionalidad

  • Consulta indígena: “Se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas”.
  • Consentimiento previo: “Se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales, respetando los principios establecidos en el referido Convenio”.
  • Autonomías territoriales: “Se desarrollarán en concordancia con los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas. Para esto se establecerá expresamente que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile. Asimismo, proponemos que se establezca expresamente en la ley que en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional, respetando la Constitución y las leyes”.
  • Justicia indígena: “Reafirmamos la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas, indígenas y no indígenas, somos iguales ante la ley en dignidad y derechos. No existirán regímenes de justicia paralelos que pongan en cuestión la unidad, coherencia y consistencia del Poder Judicial. La justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales. La justicia indígena, tal como lo señala la nueva Constitución, siempre estará subordinada a la justicia ordinaria, en particular, a la Corte Suprema”.

Derechos sociales

  • Pensiones: “Nos comprometemos a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad, cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional”.
  • Propiedad de las viviendas: “El derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados, siendo complementos para dar continuidad a la actual política de vivienda que entrega la plena disposición para el beneficiario y su familia. Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.
  • Sistema Nacional de Salud: “Permitirá a distintos gobiernos, de diversas tendencias políticas, innovar en nuevas soluciones y no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores. La ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales, y centros médicos privados. Bajo el Seguro Único de Salud, se protegerá la libertad de todas las personas a elegir dónde atenderse dentro de la red del nuevo Sistema Nacional de Salud”.
  • Educación: “En concordancia a lo señalado en la Nueva Constitución, la educación como derecho social, y en su implementación legislativa, se respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”.

Seguridad

  • Estado de Emergencia: “En relación a los estados de excepción, proponemos establecer en la Constitución el estado de emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho. Todos los Estados de Excepción, como señala el texto, se aplicarán con estricto respeto a los derechos fundamentales”.

Sistema político

  • “Dado que la Nueva Constitución innovó y acordó un nuevo sistema político, con profundos mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento de las regiones, que valoramos, nos comprometemos a analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el Poder Legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales“.
  • Iniciativas de gasto fiscal: “Respetarán siempre el beneficio de las personas y el principio de responsabilidad fiscal. En este sentido, creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que irroguen directamente gastos al Estado. Igualmente, la capacidad de endeudamiento de las entidades territoriales fijadas por ley, deberán sujetarse al máximo anual que a este efecto fije la ley de presupuestos, con expresa regla de responsabilidad fiscal”.
  • “Por último, acordamos que para una mejor administración del Poder Ejecutivo y los propios procesos político electorales, que la reelección presidencial no proceda consecutivamente”.

Poder Judicial

  • Poder Judicial: “Proponemos reemplazar, en la Constitución, la denominación ‘Sistemas de Justicia’ por la de ‘Poder Judicial’. Proponemos también revisar la composición del Consejo de la Justicia para asegurar su integración por una mayoría de jueces. Adicionalmente, creemos que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese Consejo no considerará el contenido de sus fallos”.
  • Recurso de tutela: “Considerando la importancia de los derechos fundamentales, nos comprometemos a implementar el recurso de tutela, a modo de proveer una protección adecuada, eficaz y oportuna”.

Revisa el documento completo: