En su acta, el magistrado constató la presencia “gran cantidad de personas privadas de libertad en espacios limitados, en condiciones sanitarias precarias. Al ingresar los imputados al módulo no se les asigna un dormitorio, el que deben encontrar por su cuenta, no obstante la situación de hacinamientoNo existe agua caliente”.

Cada cama debía ser compartida por tres o cuatro imputados. A dicha hora los internos se encontraban en los patios exteriores comunes. Personal de Gendarmería informó que dichas dependencias están destinadas para ser ocupados por personas que no registran condenas anteriores, lo que explica que cerca de 50/60% sean extranjeros“, añadió.

Además, acusó que “se observaron cámaras de seguridad con visión al patio, comedor y pasillos, pero sin perspectiva a dormitorios y sector de duchas“.

“Solo a modo de ejemplo, en el módulo 33 el funcionario (…) señaló tener capacidad para 84 imputados y que en dicho momento se encontraban 226 personas privadas de libertad, con el 60% siendo extranjeros; y en el módulo 34, 196 presos en circunstancias que tiene capacidad para 84 imputados. Se observa escaso personal para controlar el comportamiento de los internos, especialmente durante las noches”, advirtió.

Extorsiones y amenazas

El juez Guzmán se entrevistó con un reo chileno que presentó el recurso de amparo acogido, quien, “señaló que en el módulo 14 pernoctó en una habitación con dos colchonetas para las seis personas presas, estando los baños tapados y con mal olor, recibiendo buen trato por parte del personal de Gendarmería”.

“En el módulo 34 se encontró con muchos extranjeros, entre los cuales diez a quince dominicanos y/o colombianos de raza negra lo recibieron a agresiones verbales tratando de obligarlo mediante empujones a que ingresara al sector de las duchas (sin visión de cámaras de seguridad), logrando resistirse y arrancar del grupo, los que le quitaron una frazada y utensilios”, añadió.

Por ello, “funcionarios de Gendarmería lo llevaron a una celda de aislado con tres personas más. Luego fue trasladado al módulo 88, lugar en que indica haber sido nuevamente amenazado, pero por un grupo de chilenos“.

Allí indicó que “lo empujaron hasta el fondo del recinto, procediendo a sacarle sus ropas (lo dejaron en calzoncillos y toalla) para fotografiarlo, exigiéndole los números telefónicos de sus familiares para enviarles, vía WhatsApp, audios y fotos, y pedirles dinero a cambio de no agredirlo. Empezaron pidiendo entre $30.000 y $50.000 al día”.

El magistrado ingresó al módulo 88, donde sorprendió “a un grupo aproximado de diez internos que en un sector cercano al baño desvestían e inspeccionaban las vestimentas de un imputado“.

“Mientras el suscrito ordenaba que fuera rescatado y llevado por personal de Gendarmería a una sala especial para interrogarlo privadamente, fue directamente amenazado de muerte por varios sujetos que se le acercaron. Por razones de seguridad no quiso entregar mayores antecedentes. Sin embargo, se ordenó que fuera trasladado al módulo 19 para ser llevado a audiencia de procedimiento abreviado al día siguiente”, narró.

Entre sus consideraciones generales, el juez acusó que “hay reconocimiento que la extorsión de extranjeros organizados hacia los imputados primerizos chilenos es una realidad que se extendió durante este año, existiendo denuncias concretas con antecedentes verificables”.

De esta manera, los problemas que enumeró en su informe fueron “el hacinamiento del recinto, escasez de personalpuntos ciegos de cámaras de seguridad al interior de los módulos del recinto carcelario, deficientes criterios de clasificación para segregar a los imputados extranjeros, no obstante la gravedad de los delitos y crímenes atribuidos, por desconocer los antecedentes de éstos en sus países de origen; falta de coordinación con países vecinos para acceder a antecedentes penales de inmigrantes, la gran cantidad de teléfonos móviles y droga que son arrojados al establecimiento desde el exterior por terceros, y carencia de tecnología para inhibir señal para teléfonos móviles“.