El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, aseguró que el Gobierno de Sebastián Piñera le pidió a los camioneros paralizar en 2020 para aprobar la Ley Juan Barrios, apuntando a conversaciones con Sergio Pérez, líder de la Confederación Nacional Del Transporte De Carga (CNTC).

Esta declaración se dio a la salida de una reunión entre el presidente electo, Gabriel Boric, y los dirigentes y representantes de gremios de la pequeña y mediana empresa, en la denominada “Moneda chica”.

Junto a lo anterior, Araya indicó que le plantearon a Gabriel Boric que “yo, mientras he sido presidente de la Confederación, hemos practicado el dialogo, mi grupo tiene 68 años la confederación de camiones, que tiene una historia de paros”.

Movilizaciones

Al ser consultado sobre las movilizaciones que han sido tema de controversia con todos los Gobiernos, el presidente de la CNDC señaló que “en el paro del 2020, nosotros no estuvimos. No nos adherimos (…) ese paro, por palabras del presidente de ellos (Sergio Pérez), se lo pidió el Gobierno para que hubiera la Ley Juan Barrios, para que hubiera Ley de armas, todas las leyes que todavía no salen. Y al final, (en) ese paro el control lo tomaron los choferes. Pero eso es parte de la historia”.

En relación a si van a solicitar alguna reunión especial entre el Gobierno de Gabriel Boric y los camioneros, Araya precisó que “le dijimos al presidente que los camioneros mueven el 94% de la carga, por lo tanto es fundamental, la carga les llega a su casa”.

“Nosotros no estamos en mala onda. Nosotros queremos que a nuestra gente le paguen las tarifas correctas, que las licitaciones no se las lleven los grandes (…) nosotros queremos que los camioneros que están en una zona tengan ciertos privilegios o ciertas garantías para que los recursos que se ganen se queden en la zona”, sentenció Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones.

Recordemos que el miércoles 15 de diciembre de 2021, el presidente Sebastián Piñera promulgó esta ley que endurece las penas por ataques incendiarios contra vehículos motorizados.