Sin embargo, no es lo único. El informe con los resultados de la indagatoria da cuenta de más anomalías: un grupo de detectives, por ejemplo, percibió 31 millones de pesos en asignaciones, pese a que se les arrendaba con dineros fiscales un domicilio en la Mutualidad de Carabineros. También se desembolsaron otros 79 millones en reparaciones y materiales de construcción sin respaldo. El documento íntegro lo revela la Unidad de Investigación de BioBioChile.

Casas fiscales abandonadas, con fecas y aves muertas en su interior, además de pagos irregulares por más de 110 millones de pesos. Esas son sólo algunas de las conclusiones de una lapidaria auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la Policía de Investigaciones (PDI).

A través de un informe de 114 páginas, la entidad de control reveló una serie de anomalías en la Jefatura Nacional de Bienestar y Calidad de Vida de la policía civil (JENABIEN), entre las que figuran el desembolso de asignaciones improcedentes para funcionarios y gastos en mantenciones sin respaldo.

Tras lo detectado y antes las consultas de la Unidad de Investigación de BioBioChile, la institución informó que inició un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

En concreto, la indagatoria tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria que rige la asignación, uso, mantenimiento y control de las 338 viviendas del Estado administradas por la repartición. Asimismo, se incluyó un examen de cuentas a los desembolsos en mantenciones y arriendo de estas edificaciones. Estos son los resultados.

Sin respaldo

En primer lugar, la Contraloría detectó el desembolso de más de 79 millones de pesos sin respaldo. El desglose va así.

Por concepto de mantenciones a los inmuebles fiscales, se contabilizan gastos que superan los $31 millones en los que la PDI no presentó antecedentes que dieran cuenta de la recepción conforme de los materiales adquiridos o de los servicios contratados.

Otros $48 millones fueron pagados en 2018 a Sodimac S.A. para la adquisición de materiales de construcción y gasfitería. Sin embargo, para el momento del desembolso éstos no habían sido recepcionados por la entidad policial.

En efecto, se informó que los productos serían retirados “de forma parcializada durante el año 2019”, situación que no pudo ser acreditada durante el transcurso de la auditoría.

Cuando fue requerida por la Contraloría, la PDI dijo que incorporará en el Manual de Mantención y Reparación de Viviendas Fiscales, el procedimiento de control respectivo para la adquisición de bienes y servicios.

La respuesta no fue suficiente para el organismo fiscalizador, por lo que solicitó que se le remitan todos los antecedentes que den cuenta de que los productos o servicios que fueron recibidos de manera conforme.

Para ello, se otorgó un plazo de 30 días hábiles o formulará el reparo pertinente. Además, se instruyó a la policía encargar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Aves muertas y fecas

El informe de Contraloría resalta también por lo hallado por sus funcionarios en varias casas fiscales dependientes de la PDI.

De los 334 que dependen de la policía civil, 25 de estos inmuebles no se mantenían aptos para ser utilizadas debido al mal estado en que se encontraban.

Tampoco contaban con programas, proyectos o instructivos para mejorar su estado actual y poder hacer uso de ellos.

Contraloría visitó 19 de esas viviendas en compañía con personal de Bienestar de la PDI. Para su sorpresa, en 11 de ellas no se encontraban en condiciones de salubridad mínimas para ser asignadas.

El panorama era desolador: se hallaron aves vivas y muertas, además de fecas de las mismas repartidas por todos lados. Incluso se encontraron huevos (ver anexo con imágenes al final de este artículo).

Además de ello, tres de los inmuebles eran utilizados para almacenamientos de materiales o archivos. Dos de ellos tenían vidrios quebrados en su interior.

Viviendas de… ¿Carabineros?

Hay más. Según descubrió Contraloría, 38 detectives ocupaban viviendas subarrendadas por la PDI a la Mutualidad de Carabineros. ¿El problema? A todos ellos se les continuaba pagando un 14% por concepto de asignación de casa.

Para el periodo examinado, los montos superaban los 31 millones de pesos, “lo que resulta improcedente, toda vez que ambos beneficios (la entrega de una casa fiscal y el pago de asignación por este mismo concepto) son incompatibles”.

En su oficio de respuesta, la PDI indicó que se ordenó recabar toda la información documental y jurídica relativa a los contratos de arriendo que mantiene la Jenabien con la Mutualidad de Carabineros de Chile y con los funcionarios socios, “con el fin de evaluar y establecer las medidas que se deberán adoptar para cumplir con los dictámenes” de Contraloría.

Así las cosas, se determinó que los funcionarios que ocupan una casa de propiedad de la Mutualidad de Carabineros de Chile, subarrendada a través de la Jefatura Nacional de Bienestar de la PDI, no tienen derecho a percibir la asignación por casa.

“La autoridad policial deberá iniciar el proceso de regularización de lo observado, dando traslado a los funcionarios involucrados y emprendiendo las acciones necesarias para aclarar lo representado y obtener, si corresponde, el reintegro de las sumas pertinentes”, versa el escrito.

En caso de que no se materialicen los reintegros, advierte el ente fiscalizador, se formularán los reparos pertinentes por los montos que procedan.

Requeridos por este medio, desde la PDI indicaron a través de una declaración que las observaciones realizadas por la Contraloría deben ser informadas dentro del plazo de 30 y 60 días, los que a la fecha se encuentran vigentes.

“Conforme a lo anterior, se está trabajando en la elaboración de protocolos y regularización de todas las observaciones con el propósito de responder en el plazo correspondiente”, apuntaron.

Agregaron que “se instruyó un Sumario Administrativo con el fin de establecer eventuales responsabilidades en este ámbito”.