Este domingo en sesión especial el Senado aprobó en general con 32 votos a favor y 10 abstenciones el paquete de ayuda económica presentado por el gobierno, que incluye la entrega de un bono clase media, créditos blandos y mejoras al Ingreso Familiar de Emergencia, entre otras cosas.

De esta forma, el proyecto se acerca al fin de una ardua tramitación en la Cámara Alta, donde tras intensas tratativas entre el oficialismo y la oposición durante la semana, se logró un acuerdo respecto de las indicaciones.

En la votación del proyecto destacó la abstención en masa de los siete senadores del Partido Socialista, quiénes quisieron hacer un punto político al considerar que las mejoras realizadas en la Comisión de Hacienda no eran suficientes para ir en ayuda de la población.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, senadora Ximena Rincón (DC) afirmó que “sin lugar a dudas, lo que estamos votando es importante, no podríamos decir que no, pero hay muchos y muchas que no califican porque exceden o porque sus ingresos son tan bajos que no llegan al mínimo. Por lo tanto, la reflexión es: ¿que vamos a hacer para hacernos cargo de que aquellas personas que requieren la ayuda del estado?”.

Por su parte, el senador José García Ruminot (RN) valoró las mejoras realizadas y expresó que “los parlamentarios durante la discusión de este proyecto hemos sido escuchados y la oposición ha sido escuchada. Este proyecto ha sido significativamente mejorado, no solo en su trámite en la Cámara, sino aquí en el Senado”.

En tanto, el senador Ricardo Lagos (PPD) destacó el aumento de recursos logrado, pero llamó a realizar un esfuerzo mayor. “Este proyecto ciertamente aumentó los recursos, entró con US$2.000 millones y va a salir con US$2.800 millones. Sí, muchos recursos, pero Chile tiene capacidad para endeudarse más y tenemos que poner los recursos ahora. Es ahora cuando hay que romper la alcancía, porque ahora es cuando tenemos la crisis de la máxima gravedad”, manifestó.

En la votación en particular, se presentó una controversia que entrampó el despacho del proyecto por la solicitud de la senadora Ximena Rincón y del senador Carlos Bianchi (Ind) para votar en forma separada los incisos 2 y 3 del artículo 8 del proyecto, los que establecen la incompatibilidad del bono clase media con el IFE entregado en enero y febrero.

En definitiva, la admisibilidad de la solicitud se aprobó con 22 votos a favor, 19 en contra y una abstención. Sin embargo, desde el Ejecutivo explicaron que de quitarse estos incisos y declararse la compatibilidad del bono con el IFE se generaría un mayor gasto fiscal.

En esta línea, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa lamentó la situación y afirmó que “tengo que formular reserva de constitucionalidad por distintas consideraciones, pero en particular porque se ha infringido el artículo 65 de la constitución. Este artículo señala que es de iniciativa exclusiva del presidente todas aquellas iniciativas que arroguen gasto”.

De momento, la sesión está suspendida, pero de visarse el proyecto en particular se espera que el lunes la Cámara de Diputados vote el proyecto en su tercer trámite. De no lograrse su aprobación en la Cámara Baja este tendrá que ser revisado por una Comisión Mixta.

Indicaciones

Entre las principales indicaciones presentadas por el Ejecutivo, aprobadas en la Comisión de Hacienda con el acuerdo de la oposición y refrendadas en la Sala, está la inclusión de los pensionados por vejez e invalidez en modalidad de retiro programado con pensiones iguales o superiores a una Pensión Básica Solidaria e inferiores a $408.125 y de los pensionados por vejez e invalidez del sistema antiguo con pensiones inferiores a $408.125 al beneficio excepcional de un bono de $100.000.

También se sumó el aumento del bono para transportistas de $350.000 a $500.000 y el incremento de la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) del 60% al 80% de vulnerabilidad socioeconómica, según el Registro Social de Hogares, para todos aquellos que se hayan encontrado en cuarentena o transición.

Otra indicación que logró el acuerdo de la oposición es el establecimiento de una nueva base de comparación respecto de la caída de ingresos, que en vez de comparar ingresos con dos meses (diciembre y enero), utilizará un promedio de los seis meses del segundo semestre de 2019 con los mismos seis meses de 2020.

Por último, se aprobó la implementación de un sistema de reclamo administrativo para las personas cuyos beneficios hayan sido rechazados.