En la instancia expuso el superintendente de Pensiones, Osvado Macías, quien detalló los eventuales efectos de la medida que han calculado en el regulador, entre ellos, que sumado este posibl tercer retiro y los dos primeros, la pensiones futuras caerían, en promedio, un 28,5%.

Recordó que con los dos anteriores 2,9 millones de afiliados habían quedado en cero, pero de ellos, 1.172.000 han seguido cotizando. En ese contexto, en base a las cuentas a febrero de 2021, 3.119.301 personas podrían sacar todo su saldo en un tercer retiro.

Con ello, quedarían eventualmente 4,9 millones de trabajadores sin recursos en sus cuentas de capitalización individual obligatoria, considerando las tres medidas.

Asimismo, apuntó que si una mujer que está a cinco años de jubilar efectuó los tres retiros, tardaría 60 meses, es decir, cinco años, en recuperar los montos; un hombre, en tanto, 49 meses, poco más de cuatro años.

Estimó, en tanto, que esta vez podrían retirarse hasta 19.642 millones de dólares, correspondientes al 9,2% del total de los fondos a fines de febrero.

Analizó también el bono de reconocimiento compensatorio de las sumas retiradas, propuesto en uno de los proyectos impulsado por la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS). Macías lo consideró una idea “altamente regresiva” y que “acentúa la brecha de género”.

Además, puntualizó que habría “una diferencia de 10 veces” entre el bono que recibirían “el afiliado más vulnerable y el menos vulnerable”: en los primeros, sería en promedio de 16,6 UF y en los segundos, de 186,8 UF, pese a que quienes está en el último grupo son cuatro veces menos que los del primero.

En total, al Estado le costaría 29.978 millones de dólares, sin considerar los pensionados de rentas vitalicias -a quienes también incluyen varios de los proyectos-, según cálculos al día de hoy. Sólo el primer año de vigencia de la eventual medida, debería desembolsar 4.800 millones de dólares.