Por su parte, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, defendió la querella interpuesta por su cartera y cuestionó a quienes acusan una arremetida contra los funcionarios.

El próximo lunes a las 11:00 horas se instalará una mesa intersectorial para abordar lo sucedido este jueves en Talcahuano, con el baleo a dos menores de edad por parte de Carabineros, con el fin de generar acciones para mitigar los efectos en la actuación realizada en este tipo de situaciones.

Participarán el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de la Niñez, Defensoría de la Niñez, el Sename y Carabineros, entre otros, según se dio cuenta en la comisión especial de asuntos de Infancia del Senado, que sesionó este viernes a propósito del caso.

En su primera intervención en el Congreso, el nuevo general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, lamentó los hechos, pero consideró que será la investigación penal y el sumario administrativo que inició la institución, los que aclararán si se siguieron o no los protocolos. A su juicio, en este tipo de situaciones no debería intervenir Carabineros, sino que personal especializado.

“Hay muchas versiones y los hechos tendrán que establecerse la certeza a través de los procedimientos propios tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo”, señaló.

Agregó que “se dispuso un sumario administrativo con la finalidad de establecer si el personal actuó conforme a la normativa. Este es un hecho lamentable. Las causas están claramente definidas en las problemáticas que afectan a los menores, y Carabineros debe intervenir sobre los efectos, y es en ese contexto en el que concurren”.

La directora subrogante del hogar Carlos Macera de Talcahuano —donde sucedieron los hechos—, Marcela Miranda, explicó que no tienen las herramientas para enfrentar estas situaciones, muchas veces ligadas a problemas de salud mental, y que a veces las ambulancias no quieren concurrir. Enfatizó que Carabineros llega por el protocolo del SAMU.

“No tenemos los dispositivos que puedan asumir los cuidados de estos niños que requieren otro tipo de atención. La ambulancia siempre nos señalan que ellos no se hacen presenten si no está Carabineros, y debiera ser protocolo el que se le solicite a Carabineros que se haga presente, no para escoltar a los niños ni para subir a los niños a la ambulancia, sino que dentro del protocolo se señala que en caso de cualquier dificultad ellos puedan escoltar a la ambulancia”, sostuvo.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó una acción premeditada contra Carabineros y defendió la querella interpuesta por su cartera. Dijo que se interpondrán las acciones correspondientes en favor de los menores de edad, le moleste a quien le moleste, que no es un ataque institucional y que los funcionarios policiales también están recibiendo defensa, a través de la Defensoría Penal.

“Aquí no se trata de actuación premeditada del ministro en contra de Carabineros como lo han querido insinuar diciendo que en realidad solo los Carabineros —según algunos— pueden tener defensa y representación jurídica, porque los otros, pareciera, no tienen más que deberes. Son súbditos de la autoridad policial”, declaró.

En esa línea, mencionó que “esos conceptos me recuerdan la más pura expresión del fascismo, en donde se le reconocen derechos solamente a la autoridad policial y no a los niños, niñas y adolescentes a quienes no se les desconoce la calidad de sujetos de derecho”.

Sobre el tema, más temprano el excanciller y exministro de Justicia, Teodoro Ribera, en radio Cooperativa instó a diferenciar entre los niños vulnerables y los menores infractores de ley, siendo a su juicio sólo los primeros quienes requieren protección. Más tarde, en una declaración pública, reiteró esa diferencia, sólo agregando que todos tienen derechos humanos que se deben respetar.

Respondió a eso la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien acusó prejuicio y discriminación en sus declaraciones.

“El excanciller y exministro de Justicia de este país debiera saber y debe saber que aunque haya personas que cometen delitos eso no permite a la policía torturar y maltratar ni cometer delitos en su contra. Además de tener un prejuicio y una discriminación manifiesta en sus expresiones, es una manifestación más de lo peligroso que es que a nivel político no se entienda lo que involucra la protección de niñas, niños y adolescentes”, aseguró.

Todo esto en el día mundial de la infancia, en el que además la Defensoría de la Niñez dio a conocer su cuenta pública 2020, con un capítulo especial sobre las violaciones a los Derechos Humanos desde el 18 de octubre del año pasado.

Son 818 denuncias recibidas por vulneraciones a menores de edad desde esa fecha y hasta el 20 de junio de este año. La mitad fueron agresiones físicas y más de la mitad corresponde a niños, niñas y adolescentes ligados al Sename.

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