Este lunes se dio a conocer parte de la defensa de dos de los siete generales del Alto Mando de Carabineros investigados por Contraloría en el marco de los hechos de violencia ocurridos a partir del estallido social el 18 de octubre de 2019.

En específico, se trata de la defensa de los generales Mauricio Rodríguez y Enrique Bassaletti, quienes están siendo asesorados pro bono por los abogados Sergio Rodríguez y Carlos Cortés para realizar sus descargos ante la investigación de Contraloría.

A través de una declaración difundida este lunes lamentan “que se hubiesen infringido las normas de reserva de ese tipo de acto administrativo, ya que sin haber sido notificados al menos dos generales han tomado conocimiento de la formulación de cargos en su contra”, recoge La Tercera.

“En cuanto al fondo de los cargos formulados por la CGR, debemos reiterar que el Alto Mando de Carabineros de Chile, de manera conjunta y, en cada caso, individualmente dentro de cada una de sus competencias, realizaron y ejecutaron sucesivamente todas las actuaciones razonables y posibles para prevenir, impedir y sancionar eventuales conductas verificadas fuera de protocolo producidas como consecuencia de los múltiples hechos delictivos ocurridos desde el mes de octubre de 2019 y la grave afectación al orden y seguridad pública conocido por todos”, sostiene el texto.

En esa línea, señalan que “desde este punto de vista, tenemos la íntima convicción que no se ha incurrido en responsabilidad administrativa alguna, ya que se tomaron todas las medidas ya referidas, sin omitir alguna acción acorde con las diversas situaciones que se fueron produciendo, todo ello dentro de las capacidades materiales y de personal existentes”.

“En cuanto a la actuación de la CGR, el ejercicio de la potestad sancionadora debe ser ejercida de acuerdo a las normas constitucionales y legales vigentes, como asimismo respetando los principios y garantías de todos los ciudadanos. Desde este punto de vista, resulta ilegal que la CGR se inmiscuya en estas materias, por corresponder su conocimiento de manera exclusiva y excluyente al General Director de Carabineros de Chile, todo ello de acuerdo a la LOC que los regula y los reglamentos respectivos”, aseguraron.

Asimismo, mencionaron que “se trata más bien de una eventual responsabilidad política por decisiones u omisiones, lo que en caso alguno se encuentra dentro del campo de acción de la CGR, sino que a los organismos y personas que establece la Constitución”.

Durante esta semana se espera conocer mayores antecedentes de esta indagatoria que, al menos desde el Gobierno, ha sido cuestionada, defendiendo el actuar de la institución policial.

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