La Región de La Araucanía ha vuelto a ser marcada por hechos especialmente violentos, los que naturalmente han causado profunda preocupación tanto por su alcance como por su potencial escalamiento.

Un tren de carga fue objeto de un atentado con disparos y producto de la alteración de la vía férrea terminó descarrilando; a su vez, cinco municipios habían sido objeto de tomas por parte de grupos que solicitan la liberación de “presos políticos” mapuches, así como la flexibilización de las condiciones en que cumplen condena el machi Celestino Córdova y otros comuneros, mientras dura la pandemia, lo cual fue desestimado por tribunales. El municipio de Traiguén resultó seriamente dañado por la acción del fuego, pero quizás una de las escenas más inquietantes fue el violento enfrentamiento entre civiles y comuneros que ocupaban los municipios a objeto de lograr su desalojo, algo ciertamente inédito.

La situación en la región se ha ido tornando cada vez más violenta con el paso de los meses -con una multiplicación de ataques a transportistas, agricultores y tomas de predios-, pero la autoridad central ha carecido de la voluntad suficiente para enfrentar esta escalada. La visita que el viernes realizó a la zona el nuevo ministro del Interior al parecer no rindió mayores frutos, pues la violencia continuó.

Parece un hecho que el nuevo ministro del Interior enfrentará una temprana prueba de fuego a raíz de lo que ocurre en La Araucanía, el que debería evitar incurrir en el mismo error cometido por su antecesor, quien evitó involucrarse en los problemas de la zona. La acción descontrolada de grupos radicalizados debe ser abordada como lo que es: un abierto desafío al Estado y sus instituciones. El desbande de los grupos que explícitamente llaman a la violencia, así como la pérdida del estado derecho y la impunidad con que estos grupos logran actuar, están creando un ambiente insostenible, cada vez más peligroso para sus habitantes, lo que debe ser contenido mediante una decidida acción de las policías, así como del Ministerio Público. No es aceptable que existan zonas del país fuera del control del Estado y sus instituciones, como tampoco resulta entendible que sigan existiendo sectores incapaces de condenar y aislar a los grupos que se valen de la violencia, trazando un límite claro.

Pero si bien la acción policial resulta indispensable, el gobierno debe ir un paso más allá y desplegar todos sus esfuerzos para que el diálogo al más alto nivel político vuelva a estar entre las prioridades de la agenda. A pesar de que el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía fue promovido con fuerza por esta administración, tras el caso Catrillanca esta agenda perdió todo impulso -especialmente evidente fue el diluido rol del Ministerio de Desarrollo Social, el cual lleva esta agenda-, lo que evidentemente constituye un error de proporciones. Llamó la atención que en su reciente cuenta pública el Presidente de la República tampoco hiciera mayores anuncios para esta región, confirmando esta pérdida de prioridad.

La salida a esta crisis también será política, y ello requiere de pasos audaces y abundante interlocución. La principal responsabilidad de que ello se logre recae en el gobierno, y es evidente que una agenda a gran escala para abordar los problemas de La Araucanía no podrá seguir esperando.

 

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