La espectacular aceleración del tiempo político que vive Chile producto de la crisis social más importante de las últimas décadas no debiese hacernos perder el hilo de continuidad que mantiene el actual contexto histórico.

Considerar la secuencia de la lucha política sin caer presos del presentismo absoluto contenido en la ilimitada transferencia de imágenes y titulares que circulan en las redes sociales, es un ejercicio vital para situar adecuadamente la implosión social y apertura histórica producida en nuestro país desde hace ya un mes.

A esta altura, queda bastante claro que la principal dinámica alcanzada en este período ha sido la permanente ofensiva de las mayorías sociales en lo que refiere a la articulación de sus demandas y la lucha por sus derechos. La rebelión ha hecho retroceder permanentemente las posiciones gubernamentales y oficialistas que defienden el modelo instaurado en dictadura y legitimado en democracia.

Sería un error analítico simplificar las múltiples contradicciones de un movimiento que conjuga toda la complejidad de la protesta callejera, violencia política, movilización pacífica, cacerolazos, destrucción iconoclasta y actividades culturales, entre otras tantas formas de participación-acción, no obstante sería una grave falta a la verdad no reconocer que esta explosión ha sido capaz de elevar con fuerza inusitada un pliego de demandas que ya habían sido propuestas una y otra vez por los movimientos sociales en Chile, sobre todo durante la última década, y ante las cuales el sistema político no ha tenido un mínimo de eficiencia para procesarlas. Su incapacidad, no sólo proviene del carácter subsidiario del Estado, sino también, de su manifiesta descomposición institucional evidenciada año tras año, ya sea en forma de colusión, incestuoso maridaje entre dinero y política, corrupción, degradación moral (Iglesia), etc.

En efecto, lo que hoy se encuentra en crisis en Chile no es el “patrón de acumulación neoliberal”, sino más bien, la “gobernabilidad política del sistema neoliberal”.

Si a mediados del siglo XX la composición orgánica de los partidos y sindicatos (entre otros) eran capaces de canalizar efectivamente las demandas sociales hacia la esfera del poder político, en el amanecer del siglo XXI son los movimientos sociales de diverso cuño los que, por fuera de la institucionalidad, han construido un acervo de demandas y un mínimo de tejido social para posibilitar la avanzada de la rebelión y el repliegue de los sectores gubernamentales y del gran empresariado.

Durante el mes transcurrido, cada nueva concesión entregada a regañadientes por el gobierno y el mundo empresarial es rebasada por la energía desatada en las calles.
Cuando comenzó a empinarse con fuerza la necesidad de una Asamblea Constituyente como la más apropiada vía institucional para destrabar la crisis hace aproximadamente dos semanas, la lucha política no tardó demasiado en alinear sus distintos cauces hacia “la madre de todas las batallas”.

Acuerdo político: ¿desborde o neutralización?

El intento de salida política propuesto por una amplia y transversal gama de partidos políticos mediante el eje constituyente el pasado viernes (conocido formalmente como el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”) es una consecuencia directa de la presión social ejercida por las grandes mayorías durante el transcurso de cuatro semanas, y que el pasado martes 12 de noviembre mostró signos de vitalidad similares a las emblemáticas jornadas del 18 y 19 de octubre.
Esta vez no fue el “ruido de los sables”, sino el “ruido de las cacerolas” proveniente de las plazas y barrios de Chile las que presionaron al gobierno y al parlamento a “subir la apuesta” de concesiones con el objetivo de normalizar el país y, a través de ello, ganar algo de tiempo e intentar reorganizar sus alicaídas fuerzas.

Las declaraciones emitidas el día martes 12 por Sebastián Piñera -que alcanzaron un histórico 68.8% de rating- mostraron el grado de desconcierto que prendía en el mandatario y su gobierno tras escuchar el rechazo de los altos mandos militares para volver a sacar a sus tropas a la calle mediante el recurso del Estado de excepción, situación que había agudizado los excesos del poder armado en contra de la población movilizada en momentos que el presidente de la república aumentaba exponencialmente la espiral de violencia en el país declarando literalmente la guerra a sus compatriotas, muchos de los cuales se jugaron la vida e integridad física en las calles, exigiendo simplemente el derecho a un mejor vivir (nótese que en su último discurso del domingo Piñera se arrogó para sí la decisión de “perseverar la paz”). A pesar de que el Estado de excepción fue levantado hace 3 semanas (el 27 de octubre), en las semanas sucesivas Carabineros ha acometido sistemáticas violaciones a los derechos humanos en sus procedimientos, tal como ha quedado en el registro de innumerables testimonios y grabaciones que han circulado a través de las redes sociales.

Sebastián Piñera decidió desaparecer de la primera línea para operar tras bambalinas durante cinco días. Para el viernes 15, y tal como se habían desarrollado las tratativas detrás de un eventual compromiso por “la paz, la justicia y una nueva Constitución”, Piñera -amo y señor de “la letra chica”- insistió a sus parlamentarios la necesidad de mantener vivo el eslabón guzmaniano de “los 2/3”. Piñera, como saben todos en nuestro país, ama los números. Comprende a la perfección cuando una fracción se transforma en un reducto indispensable para defender la sobrevivencia de una Constitución.

Hasta ahora, ciertos constitucionalistas que han contribuido al debate mencionan que, si bien el quórum es adverso para asegurar los cambios constitucionales que demanda la ciudadanía, existen no obstante posibilidades y variantes que permitirían aventurar cambios estructurales sin la necesidad de volver a los criterios emanados por la Constitución de 1980. Otros, estiman que este criterio (y otros varios) desvirtúan y reducen considerablemente las posibilidades para una genuina Constitución elaborada a través de los cauces de la Asamblea Constituyente.
Con todo, la discusión concentrada en el tema de los 2/3 ha mostrado rápidamente que el ejercicio constituyente ha sido inaugurado formalmente, y que ya es -querámoslo o no- un terreno en disputa desde el mismo viernes a las 3 de la madrugada.

Comienza la batalla de más largo aliento

Más allá del dilema táctico experimentado por todos los partidos políticos de si integrar o no la mesa de negociación (de la cual se restó y el Partido Comunista y diversos partidos del Frente Amplio), la clave de este momento político se encuentra, por un lado, en la respuesta de la calle y los movimientos sociales organizados, frente a lo que literalmente ha sido una negociación entre gallos y medianoche.

Por el otro lado, es necesario considerar la reacción que han tenido los partidos políticos tanto oficialistas como de oposición frente a la apertura de una batalla de más largo aliento centralizada en la disputa constitucional. Sin duda, los tres días transcurridos tras las negociaciones ha mostrado un rápido alineamiento por parte de los sectores oficialistas y de la derecha en general, quienes asumieron rápidamente su posición para enfrentar el plebiscito de abril del 2020. En la vereda de las fuerzas de oposición, la tendencia a la fragmentación mostró nuevamente sus irremediables fracturas internas. Para la centro-izquierda en general, y especialmente para el Frente Amplio, la apertura de una nueva etapa en la disputa constituyente ha traído consigo una virulenta perplejidad.

Hasta ahora, el avance de las movilizaciones sociales ha sido constante y ninguna concesión por parte de los sectores gobernantes han permitido una suerte de “retorno a la normalidad”. Quizás la prueba más contundente de aquello es la muerte de Abel Acuña en las protestas desatadas menos de 24 horas después de alcanzado el acuerdo. En el epicentro de las movilizaciones, la nueva Plaza de la Dignidad, y mientras personal del SAMU intentaba salvar la vida de Abel, personal de Carabineros arremetía en el lugar lanzando agua, perdigones y bombas lacrimógenas a los auxiliares y personas que intentaban reanimar al joven, quien perdería finalmente la vida en la Posta Central.

De paz social, hasta ahora poco ¿Y de una nueva Constitución que sepulte la de 1980? Pues el tiempo (y el estado de correlación de fuerzas), lo dirán.
La batalla de más largo aliento, para todos los actores en juego, ha comenzado.