La industria editorial está enfrentando un complejo momento por la investigación que lidera la Fiscalía Nacional Económica (FNE), debido a la falta de competencia que habría en el sector, lo que derivaría en los altos precios que tienen los textos escolares para las familias de colegios particulares pagados.

Pero también habrá consecuencias para el mercado que abastece a los colegios municipales y particulares subvencionados, pues el Ministerio de Educación está planificando un cambio a la licitación pública que realizará este año, para comprar los 18 millones de textos escolares que distribuye a estos planteles en todo el país.

Este año será la primera vez que a la actual administración le toque hacer una licitación de este tipo (hasta ahora se entregaron libros comprados en el gobierno anterior) y la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del ministerio aplicará cambios en los plazos del proceso y en el uso de los textos que entregarán en 2020, para que también se abaraten los costos fiscales.

El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, explica que los cambios apuntan a “fomentar la participación de editoriales de menor tamaño y de esta forma dar más competitividad a este mercado”. También, se busca generar una retroalimentación entre el Mineduc y las editoriales, a través de una preentrega del producto.

Además, Figueroa cuenta que ampliará “el tiempo para desarrollar los textos para presentarlos en la licitación, de 2 a 3,5 meses, para que más editoriales estén en condiciones de mostrar sus propuestas”, y que también separarán el texto escolar de los recursos digitales complementarios.

Al respecto, el integrante de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Maximiliano Ríos, valoró que se avance en competitividad y digitalización, pero también en la usabilidad de los libros por más de un año, pues “a veces se entregan libros y al año siguiente, en el mismo nivel, se piden otros textos, por lo que esto será un ahorro para el Estado”.

Y en medio de esta discusión han aumentado las acusaciones por el mal uso de los textos del Mineduc. Hasta septiembre del año pasado, la Superintendencia de Educación recibió 53 denuncias contra colegios municipales o particulares subvencionados por no distribuir los libros del Estado o por obligar a las familias a comprar otros textos, causas que a igual período de 2017 sumaron 18 casos, mientras que en 2016 registraron 43 denuncias.